La negociación entre ex funcionarios del DAS y Fiscalía: una oportunidad para saber quiénes ordenaron las 'chuzadas'

Si finalmente prospera la negociación – que se conoció hoy – entre la Fiscalía y dos de los ex funcionarios del DAS investigados por las ‘chuzadas’, la justicia podría finalmente ir por los que las ordenaron desde la Casa de Nariño. Jorge Alberto Lagos, Fernando Tabares y Martha Leal son piezas clave en ese rompecabezas porque tuvieron contacto directo con los funcionarios de Palacio. Sin embargo, todo dependerá de la habilidad de la Fiscalía para negociar un acuerdo que los incentive a decir lo que saben.

Como varios medios informaron hoy, Lagos y Tabares, acusados de concierto para delinquir, prevaricato por acción y abuso de autoridad por las ‘chuzadas’ y seguimientos ilegales en el DAS, estarían interesados en acogerse al principio de oportunidad. A ellos se suma la también ex funcionaria Martha Leal, que estaría en un proceso similar con las autoridades.

Con ocasión de las denuncias sobre 'chuzadas' al presidente de Ecuador Rafael Correa, esta semana el presidente Uribe tuvo que salir otra vez a defenderse.

La próxima semana el secretario general de Presidencia, Bernardo Moreno, debería rendir interrogatorio ante la Fiscalía.

 
Quiénes son Leal, Tabares y Lagos

Martha Leal es uno de los eslabones más importantes de la cadena. Hizo parte del DAS en las administraciones de Jorge Noguera, Andrés Peñate y María del Pilar Hurtado. Ocupó diversos cargos, entre ellos el de jefe de Operaciones y subdirectora de Análisis.

Leal está involucrada con la entrega de información producto de seguimientos ilegales, el episodio de alias 'Tasmania', la visita de 'Job' a la Casa de Nariño y las reuniones de la ex directora Hurtado con funcionarios de Palacio.

Jorge Alberto Lagos, capitán retirado de la Armada, llegó al DAS con Andrés Peñate en 2006, quien reemplazó a Jorge Noguera, y se quedó durante la administración de Hurtado. Como jefe de Contrainteligencia, la labor principal de Lagos era ayudar a 'limpiar' la entidad que aparentemente Noguera le había entregado a los paramilitares.

Lagos ya había estado antes en el DAS, y en su momento dijo que se iba por diferencias con Noguera y su subdirector José Miguel Narváez (también investigado en estos momentos).

Pero Lagos terminó igualmente acusado de seguimientos ilegales y hostigamientos, concretamente a magistrados de la Corte Suprema y miembros de la oposición, como Gustavo Petro. También hay versiones de que manipuló las pruebas del polígrafo - que introdujo Peñate - para favorecer a funcionarios de la entidad.

Lagos ha dicho que sus contactos en Palacio eran el ex secretario de Prensa César Mauricio Velásquez, el ex asesor presidencial José Obdulio Gaviria y Bernardo Moreno.

Fernando Tabares fue el jefe de Inteligencia de la administación Peñate. Este último lo conoció cuando Tabares trabajaba como oficial de inteligencia en Armada y asistía a la junta de inteligencia del Ministerio de Defensa. Al igual que Lagos, Tabares terminó investigado por los seguimientos ilegales y los hostigamientos del DAS.

Después de que se descubrieron las actividades ilegales de inteligencia del G3 en la era Noguera, este grupo no habría sido desmantelado sino transformado en uno nuevo, el Goni, bajo el mando de Tabares. A través de este grupo se hacían las mismas actividades de espionaje y hostigamiento, con base en las cuales se producían los infomes que llegaban a Palacio.

El principio de oportunidad: arma de doble filo

El principio de oportunidad es una facultad que tiene la Fiscalía para no iniciar o suspender una investigación penal contra una persona que “colabore eficazmente para evitar que continúe el delito o se realicen otros, o aporte información esencial para la desarticulación de bandas de delincuencia organizada”, o cuando sirva de testigo principal contra otros procesados. El acuerdo al que llegue la Fiscalía debe ser avalado por un juez.

A diferencia de la aceptación de cargos, donde la persona reconoce que cometió el delito y negocia con la justicia para obtener una pena menor, en el principio de oportunidad no hay sentencia aunque el proceso puede reanudarse si el beneficiario no cumple con lo pactado.

El hecho de que la Fiscalía aplique el principio de oportunidad a Tabares, Lagos y Leal, no es un asunto de poca monta. De prosperar el acuerdo y contar con el beneplácito del juez, la Fiscalía renunciaría a procesar a mandos medios para ir por quienes estaban dando las órdenes, siguiendo la lógica que ya ha esgrimido la Fiscalía en el caso contra Jorge Noguera de que lo que sucedió en el DAS no fue asunto de unas cuantas ‘manzanas podridas’, como lo ha querido mostrar el Gobierno, sino una empresa criminal.

Todos los ex directores del DAS están investigados – uno de ellos, Jorge Noguera, está en prisión – y Bernardo Moreno, secretario general de la Presidencia, fue llamado por la Fiscalía a rendir interrogatorio la próxima semana ante la Fiscalía. Y en varios de estos procesos Tabares, Lagos y Leal han dado su testimonio, aparte de las investigaciones que llevan contra ellos.

En este punto radica la importancia del acuerdo que negocie la Fiscalía. A diferencia de lo que sucede con los beneficiarios de la Ley de Justicia y Paz, que deben colaborar en el esclarecimiento de toda la verdad para recibir el beneficio de una pena reducida, quienes se acogen al principio de oportunidad se atienen únicamente a cumplir lo que pactaron. Con lo cual el principio de oportunidad se vuelve un arma de doble filo, porque si la Fiscalía negocia bien llega a los que dieron las órdenes pero si lo hace mal, se corre el riesgo de que los tres ex funcionarios salven su pellejo y se complique aún más determinar quiénes daban las órdenes desde la Casa de Nariño.

Ese temor no es del todo infundado. Por una parte, en los testimonios que rindieron en el proceso contra Jorge Noguera, Martha Leal y Jorge Alberto Lagos dieron respuestas evasivas: o ellos fueron los que destaparon lo que pasaba o no vieron lo que pasó. Leal, incluso, culpó a la prensa de su situación y en una de las audiencias logró que se prohibiera la entrada a los medios. Por la otra, en el episodio del DAS la estrategia de muchos ex funcionarios investigados, incluidos los ex directores del DAS, ha sido echarle toda el agua sucia a Jorge Noguera, a pesar de que se ha probado que las interceptaciones y los seguimientos ilegales a magistrados y activistas continuaron durante las administraciones siguientes.

En la ‘DAS-política’ se está investigando desde falsedades de documentos hasta homicidios, y los tres ex funcionarios de la entidad pueden ayudar a impulsar esas investigaciones y a que finalmente se sepa hasta qué tan alto llega la responsabilidad por estos crímenes. Pero si la Fiscalía hace un mal negocio y el juez lo termina avalando, los 'peces gordos' seguirán nadando en paz.