La razón es que la Corte Constitucional anda a paso de tortuga. El presidente del tribunal divulga las decisiones en ruedas de prensa y luego pasan meses sin que se publiquen las sentencias. Algunos magistrados registran sus proyectos de tutela en un libro para cumplir el plazo legal, pero luego se demoran meses en escribir el fallo o en firmarlo y, por lo tanto, los ciudadanos interesados se quedan esperando la decisión.
Hace un par de semanas quedó en evidencia este problema. Después de varias denuncias del Zar Anticorrupción y de una tutuela, la Corte Constitucional revocó un polémico contrato celebrado por el Ministerio del Interior para brindar seguridad electrónica a varias cárceles del país. Pero a pesar de que internamente la magistrada ponente María Victoria Calle había registrado el proyecto de fallo en noviembre pasado, la sentencia sólo se conoció el 8 de junio de este año, cuando el contrato ya se había ejecutado en un 80 por ciento.
La Silla Vacía investigó a fondo este tema, y esto fue lo que encontró.
La Corte Constitucional reparte entre sus magistrados las demandas de constitucionalidad, es decir, las que revisan leyes, proyectos de ley, tratados internacionales y convocatorias a referendo, entre otros. El magistrado ponente redacta el proyecto de fallo que después se discute en sala plena. Una vez la sala toma la decisión, emite un breve comunicado con las razones principales del fallo y las órdenes concretas.
Lo acostumbrado es que después de que se toma la decisión, el magistrado hace las correcciones acordadas con sus colegas, recoge las firmas y divulga el texto completo del fallo.
La Silla Vacía revisó todos los procesos de constitucionalidad que estudió la Corte en el primer semestre de este año (salvo los días que quedan de junio), y encontró que solo en el 30 por ciento de los casos hay una sentencia que se pueda consultar ya mismo. Es decir, en el 70 restante, si usted va hoy a la Corte a consultar un proceso que supuestamente ya se decidió y se anunció a los medios, lo único que va a encontrar es un comunicado de prensa.
Por ejemplo, el comunicado que anunció el hundimiento del referendo reeleccionista se dio a conocer el 26 de febrero y, hasta la fecha, no se ha publicado la sentencia. Lo mismo sucede con la inmensa mayoría de sentencias sobre la emergencia social, que llevan más de dos meses sin ver la luz.
La Silla Vacía no amplió el monitoreo a 2009, pero identificó casos aleatorios de ese año en que han pasado más de doce meses sin que aún se conozca el texto completo de la sentencia. Por ejemplo, desde abril de 2009 está pendiente la sentencia cuyo ponente fue Mauricio González sobre el reclutamiento ilícito de menores de edad.
El problema no termina ahí. En los procesos de 2010 en que la Corte ya divulgó la decisión, se demoró en promedio 74 días para poner a disposición del público la sentencia.
La secretaria general de la Corte Constitucional, Martha Sáchica, reconoció que puede haber demoras en algunos casos, pero consideró que esto siempre ha sucedido en alguna medida en la Corte. Sáchica ocupa ese cargo desde los primeros años del tribunal.
Para tener un referente, La Silla Vacía tomó el primer semestre de 2008 e hizo el mismo monitoreo. En ese entonces, la Corte Constitucional tenía seis magistrados distintos (tres siguen en el tribunal: Nilson Pinilla, Humberto Sierra y Mauricio González). Las cifras indican que esta situación no se presentaba en ese momento.
Entre enero y junio de 2008 (salvo la última semana del mes), la Corte firmó y publicó el 74 por ciento de las sentencias sobre los casos que decidió, un 44 por ciento más que en 2010. Y en promedio, tardó 41 días entre el comunicado y la publicación de la sentencia, casi la mitad de lo que se demora hoy.
Los magistrados más demorados en la actualidad son Mauricio González, quien en el primer semestre del año sólo divulgó una de las 16 sentencias de las que es ponente (el 6,3%); le sigue Jorge Ignacio Pretelt, con una de 11 (9,1%), y Gabriel Eduardo Mendoza, con una de ocho (12,5%)
El magistrado más cumplido de esta Corte es Juan Carlos Henao, que ha publicado en este semestre el 80 por ciento de los procesos en los que ha sido ponente. Le sigue Humberto Sierra (53,8%), que en 2008 era paradójicamente uno de los más demorados. En ese entonces, ninguno de los magistrados dejaba pasar más de dos meses para divulgar el texto completo de la sentencia.
Esta práctica es problemática por varias razones. Sin la sentencia completa, no es posible conocer todos los argumentos que expuso la Corte para, eventualmente, interponer un recurso, usar el antecedente en otro proceso o hacer valer un derecho (esto es más dramático en las tutelas, como se expone más adelante).
Si el Gobierno quisiera conocer en detalle las razones de fondo por las que la Corte tumbó la emergencia social para corregir los problemas en un proyecto de ley, no podría hacerlo. Tendría que limitarse a lo que expone el comunicado. Lo mismo sucedería con un grupo de ciudadanos que quiera promover un referendo – después de que se han hundido dos –, o con un gremio que esté afectado, por ejemplo, por una impuesto que tumbe la Corte.
El escenario se complica todavía más con las decisiones condicionadas de la Corte, que es cuando no tumba una norma pero dice específicamente cómo interpretarla. En ese tipo de situaciones, sin la sentencia completa se configura un escenario de mucha incertidumbre. Por ejemplo, cuando la Corte analizó el delito de aborto, condicionó su existencia a los tres casos conocidos. Sin embargo, era necesario contar con el fallo completo para entender el alcance de temas como la objeción de conciencia, el acceso a los servicios o la reglamentación adicional.
El otro punto polémico es qué sucede dentro de la Corte entre el momento en que se expide el comunicado y el día que sale la sentencia. Con el ritmo de la Corte en la actualidad, pueden pasar tres, cuatro o seis meses antes de que el texto definitivo se conozca. Una vez baja la atención mediática de un caso, ¿cómo se asegura que alguna parte del contenido de la sentencia, así sea menor, no cambió?, ¿cómo descartar que no se ejercen presiones para que una u otra palabra quede en el texto final?
Este limbo se presta para confusiones internas en la Corte, que incluso ocurrieron cuando estas demoras no eran tan frecuentes. En 1997, Eduardo Cifuentes dejó constancia expresa de que la sentencia sobre eutanasia, de la cual fue ponente Carlos Gaviria, había sido modificada después de la sala plena: "Como usted podrá recordar, la parte resolutiva que obtuvo seis votos a favor y tres en contra, no fue la que se contenía en la ponencia original", dijo en una carta al entonces presidente del tribunal Antonio Barrera. Hizo contrastar la decisión con las actas de la discusión, donde constaba que tenía razón, pero aún así la sentencia no fue modificada. El episodio generó una ruptura irreconciliable entre Cifuentes y Gaviria.
Algo similar sucedió en una sentencia sobre el Upac en 2007. La decisión se tomó en la sala plena y se comunicó, y un tiempo después, cuando recibieron la sentencia, la mayoría de magistrados se dieron cuenta de que no correspondía con lo que habían decidido. Siete de ellos firmaron una declaración manifestando su desacuerdo.
Según algunas fuentes consultadas en el tribunal que pidieron no ser identificadas, en la actualidad es usual que algún magistrado repase nuevamente el comunicado de prensa y las actas de las salas de constitucionalidad para recordar qué es lo que debe decir la sentencia y evitar eventuales goles.
La Corte también está estancada en el proceso de firma de las sentencias. Es común que un magistrado ponente deba esperar pacientemente a que uno de sus colegas firme la sentencia cuando a bien tenga (la sentencia sólo puede publicarse con todas las firmas). Esto genera demoras y afecta el buen nombre del ponente, que es quien da la cara públicamente pero muchas veces no es el culpable del retraso. De hecho, a estas alturas hay magistrados que aún no reciben la sentencia del referendo para su firma.
La Silla Vacía también revisó la actividad de la Corte en las acciones de tutela. Estos procesos son mucho más importantes para el ciudadano común y corriente, ya que es aquí donde se juega una posible última carta cuando los jueces inferiores no le da la razón. Es aquí donde el tribunal puede ordenar que a un enfermo le den una droga, que a una mujer embarazada no la echen de su trabajo o que un desplazado reciba la atención de urgencia del Estado.
La conclusión de la investigación de La Silla Vacía es la misma: las demoras en la Corte son el pan de cada día.
Todas las tutelas que se presentan en Colombia llegan a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Allí los magistrados, divididos en salas, seleccionan algunos casos para su estudio. Una vez se selecciona una tutela, comienzan a correr tres meses de plazo para que el magistrado ponente registre su proyecto de sentencia. Normalmente, pasan un par de días para que se reúna la sala de tres magistrados y tomen la decisión definitiva.
Estos procesos son diferentes a los de constitucionalidad por varias razones, entre ellas que la Corte no emite un comunicado de su decisión, lo cual implica que el interesado en una tutela sólo se entera de lo que resolvió la Corte cuando se publica la sentencia. Lo demás son trámites internos ajenos al ciudadano.
La Silla Vacía escogió dos salas de selección de septiembre de 2009 para revisar cómo les fue a los magistrados González, Pretelt y Mendoza, que en la parte anterior aparecen como los más demorados, o al menos como responsables de las sentencias que tardan más en salir.
Como entre el 19 de diciembre y 11 de enero las Cortes y los juzgados entraron en vacancia judicial, el plazo de las tutelas repartidas en septiembre se venció más o menos entre la última semana hábil de diciembre y la primera hábil de enero.
A Gabriel Eduardo Mendoza le repartieron en septiembre del año pasado ocho procesos de tutela que tenía que decidir en ese plazo. De este total, hay tres con términos suspendidos. Un magistrado tiene la potestad de parar el desarrollo de un proceso cuando necesita más tiempo para que lleguen pruebas adicionales que son esenciales para tomar la decisión. Pero no es un comodín para ganar tiempo cuando se está 'colgado'.
A Jorge Ignacio Pretelt le repartieron nueve procesos de tutela en septiembre de 2009. En tres casos, los términos están suspendidos; dos, desde noviembre y uno desde febrero. En otros tres casos, la sentencia fue publicada aproximadamente dos meses después del registro del fallo. Y en un caso, registró el proyecto de sentencia el 26 de enero, pero aún se desconoce la decisión. Es decir, un ciudadano lleva cinco meses más de lo anticipado esperando. Lo más paradójico es que así la decisión salga en octubre de este año, quedará con la fecha en que fue registrada, es decir, enero de 2010.
A Mauricio González le repartieron también en septiembre de 2009 ocho procesos. Aunque la información obtenida no está completa, esto se encontró: en cuatro casos se registró el proyecto de sentencia entre febrero y marzo y hasta la fecha no se conoce la decisión. En uno se suspendieron los términos dos veces y aún no hay ni un proyecto de sentencia registrado.
Nuevamente, La Silla Vacía comparó esto con un periodo similar de la Corte en años anteriores. Se escogió septiembre de 2007, donde se hicieron tres salas de selección. Los casos allí repartidos se vencían por la misma época, o sea finales de diciembre y comienzos de enero.
A Clara Inés Vargas le repartieron 13 procesos en septiembre de 2007. En cuatro de ellos efectuó el registro antes de que se venciera el término y como máximo la sentencia se demoró 15 días en ser divulgada. En otros cuatro, el registro se hizo a tiempo y cómo máximo la sentencia se publicó un mes después. Y en otros dos procesos, los términos fueron suspendidos por dos meses y medio en promedio, pero la sentencia fue publicada 15 días después del registro. Sólo en un caso la demora fue significativa.
A Rodrigo Escobar Gil le repartieron 12 procesos. En ninguno suspendió términos. En los doce procesos registró a tiempo el proyecto de fallo y se demoró en la mayoría de los casos 15 días o menos para la divulgación de la sentencia.
A Manuel José Cepeda le repartieron 13 procesos en septiembre de 2007. En ocho de ellos se registró el proyecto de fallo cuando se venció el plazo o incluso antes, y en la mayoría pasó entre ocho y 20 días para publicar la sentencia. En tres casos se suspendieron los términos en condiciones iguales a Clara Inés Vargas. Y en un caso sí hubo una demora considerable.
Muchos de estos casos demorados son de temas vitales. Por ejemplo, el 23 de julio de 2009 se seleccionó el de un niño de menos de dos años con un tumor en el cráneo que requería un cambio de catéter. Los padres del menor estaban clasificados en el nivel uno del Sisben y el juez inferior había ordenado una valoración médica pero no el procedimiento, por lo que el menor estaba desprotegido a merced de lo que decidiera la Corte.
El caso le correspondió a Jorge Pretelt, quien registró el proyecto de fallo el 27 de octubre de 2009, pero sólo hasta febrero pasado comunicó la decisión. En efecto, ordenó que se le suministrara el tratamiento.
Procesos de constitucionalidad (enero - junio de 2010)
Es común que algunos procesos requieran de un estudio extenso y que, por lo tanto, justifique la demora, como el referendo reeleccionista o las miles de tutelas de desplazados que se unieron en una sola sentencia de ‘estado de cosas inconstitucional’. Pero muchos casos no requieren un análisis tan detallado y deberían resolverse más rápido, como los decretos que desarrollaban la fallida emergencia social o los procesos que estudian temas ya decididos (cosa juzgada).
Para algunas personas consultadas que conocen la dinámica de la Corte Constitucional, el problema es que las reglas con las que se llevan los procesos son altamente informales, y se basan en general en reglamentos internos, lo cual contrasta con los procesos penales o civiles, donde los plazos son perentorios y de ley. Esto hace que a medida que cambia la Corte, los magistrados se van adaptando a una costumbre interna, donde antes la celeridad era la regla y ahora parece ser la excepción. Por otra parte, varios de los magistrados son nuevos. La inexperiencia, la falta de práctica y los cambios en los equipos de trabajo de cada despacho, son otros factores que influye en esta situación.
“Hay que reconocer objetivamente que hay una demora en la notificación y publicación de las sentencias de tutela y en la publicación de las de constitucionalidad. La Corte tendrá que hacer un esfuerzo para superar esa situación”, dijo a La Silla Vacía el presidente del tribunal, Mauricio González.
González también recordó que la Corte es un tribunal con una altísima producción: “El Tribunal Constitucional de Alemania produce unas 60 ó 70 sentencias al año; la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos llega al medio centenar. Nosotros estamos cerca de las mil”.
Según la Relatoría de la Corte Constitucional, de 997 sentencias de tutela y 260 de constitucionalidad en 2008, se pasó 681 de tutela y 208 en 2009. Esto representa una disminución del 30 por ciento.
Por supuesto, cantidad no es calidad. Pero mientras un juez municipal debe decidir una tutela en tiempo récord, con pocos recursos y sin excusas, la Corte Constitucional parece andar sin afán.
(Consulte la matriz que hizo La Silla Vacía para este artículo)
Para los que le echan la culpa a Uribe este no es problema de Uribe, viene de mucho antes. Las altas cortes siempre se han caracterizado por ser lentas en sus fallos. No solo esta, tambien la de Justicia y si vamos para abajo, los tribunales tambien son demorados, los jueces del circuito...y en fin, todo el sistema judicial es realmente lento.
Esto ya se le habia criticado a la Corte, ya que resulta que la ley que reglamenta lo concerniente a las demandas de constitucionalidad, le da un plazo de (me parece, no recuerdo muy bien) de 60 o 90 dias para resolver sobre el asunto. Claro, resolver, por eso los magistrados sacan sus comunicados de prensa donde "resuelven" el asunto, pero se demoran un tiempo indeterminado para sacar el fallo donde explican el porque de su decisión. Esto ha operado asi, desde la primera Corte Constitucional, donde estaba Gaviria por lo cual digo que la culpa no es de Uribe, asi siempre han sido las cortes y por eso no me como cuento de que son las salvadoras
Ademas de esto, hay que tener en cuenta que los magistrados dictan clase la mayoria del dia y ponen a sus funcionarios a crear los fallos y estos resolviendo tutelas, constitucionalidad, entre otras y luego buscando al magistrado para la firma...bueno ahi se demora la vaina.
Despues de esto, los magistrados se quejan del gobierno aduciendo que no le da presupuesto suficiente para ser efectivos. Esta excusa me parece patetica, se la acepto a un juez municipal que le toca con dos empleados y computadores windows 95 con memoria por alla de 50 megas, pero a un magistrado de la Corte Constitucional que tiene los computadores de ultima generacion, mas un monton de empleados, mas instalaciones modernas y bonitas, y para completar un sueldo super bien remunerado...bueno, esa es la burrocracia que tiene jodida al pais.
Gracias presidente Uribe por llenar la Corte de incompetentes que no llegaron ahí por sus calidades academicas y profesionales sino por politiquería del uribismo, como el "doctor salsa". RIP CC.
Solo hasta hoy leí esta historia acerca de la 'efectividad' de la Corte Constitucional, remitida por un confidencial de la sección querido diario.
Déjenme felicitarlos una vez más por estas investigaciones profundas y reveladoras que solo se consiguen en LSV. Por eso cada vez me siento más 'dependiente' de su portal político que nos informa y denuncia tantas situaciones asombrosas que vive el país.
Produce sorpresa e indignación saber que la inoperancia y la desidia campean en todas los poderes del estado y este proceder de una de las altas cortes del estado resulta bien indicativo del desmadre de la justicia en todos sus frentes, .
Gracias de nuevo y sigan investigando exhaustivamente acerca de todo lo que funciona mal en nuestro 'sufrido' país y compartiéndolo con nosotros sus fieles usuarios.
Lo primero que habria que analizar es la forma en la que se realiza la reparticion de los procesos de constitucionalidad (por ejemplo), como es posible que mientras a alguiel le toca adelatar y sacar adelante 16 de estos a otra persona solo le toquen 6 y aun asi este colgado?, igual tambien habria que ver el hecho que una persona ha cumplido en un 80%, que pasa on los demas?, no dan la talla?
La insoportable lentitud de la Corte: estoy esperando una sentencia inhibitoria sobre adopción de parejas del mismo sexo (C-802 de 2009) desde noviembre pasado. ¿Será que ya? Se demoran en todo en autos, sentencias inhibitorias, etc. (con algunas excepciones notables :P) Buen artículo a la Corte le hace falta veeduría!!!
Los tres ejemplos con que se inicia el artículo constituyen viva muestra de la paquidermia institucional, que patentiza la indiferencia de los partidos, del congreso, de las cortes y de sucesivos gobiernos, hacia un fenómeno que clama soluciones de fondo. Que no se conozcan aun los textos de sentencias en casos tan relevantes, bastaría como argumento condenatorio. Sin exagerar, podría decirse que se configura una denegación de justicia, como se echa de ver por el pertinente análisis posterior de Cortés Castillo, al cual poco podría agregarse. Incidentalmente se anota que la posibilidad de postulación de concejales como candidatos al congreso, se debió en parte a la gestión de 'los quíntuples', quienes en audiencia pública ante la Comisión Primera del Senado, el mismo día de la foto en el patio del capitolio, propugnaron con argumentos deleznables la apertura de esa vía para inscribir a ciertas fichas de sus equipos. EL autor de estas líneas combatió sin éxito tal esperpento jurídico.
El problema de la justicia no es de la justicia, es de la ley, los actos judiciales son reglados y los administradores de justicia adecúan su comportamiento judicial a lo señalado en las normas. No se explica que teniendo una aplanadora en el congreso, el gobierno no presentó e hizo aprobar un proyecto de reforma a la justicia. Utilizamos al congreso para recortar las trasferencias a los entes territoriales, para aprobar de manera ilegal una ley de referendo, para hundir el referendo del agua, para rechazar la ley de víctimas, pero no lo usamos para adelantar las profundas transformaciones que el país necesita.
Excelente artículo y muy buena descripción. Mucho va de la Corte Constitucional de antes a la de ahora, con excelentes excepciones como Juan Carlos Henao, Humberto Sierra y la verdad es que Maria Victoria Calle, resultó una muy positiva revelación. Y quienes finalmente no defraudaron las expectativas que de ellos se tenían Gonzalez y Pretelt, alejados de su dignidad, representantes de una clase depredadora y politiquera, es decir del uribismo.
Pues tras fallos tan controversiales como los de los referendos (por el argumento aquel de la defenza del espiritu de la constitución) es grave que no sepamos en que se sustentan, podemos estar ante una arbitrariedad judicial y no nos damos cuenta.
El problema no es de izquierda o de derecha, todos los magistrados son ineficientes; desde Carlos Gaviria en la primera Corte Constitucional hasta los de ahora. En la Corte Suprema (que supuestamente es la corte de oposicion(algo tonto pero cierto, siendo que deberia haber autonomia institucional) por supuestamente ser de izquierda) los magistrados tambien son lentejos en sus sentencias y bien lentejos.
Este no es un problema ni de Uribe, ni de la izquierda, ni de la derecha, es mas de cultura del servidor publico que se le olvida que su funcion es servir a la ciudadania y no ser el gran magistrado que recibe salario exorbitante y trabaja el tiempo que le de la gana.
El siguiente comentario mío, se refiere a José Mamerto y "su concepto", qu está más abajo....En todo!!!
Lee bien estamos coincidiendo, escribo en satira:
Por el comportamiento de muchos, El Poder Judicial parece hoy un partido de oposición más no una rama del gobierno. Su tendencia es de Izquierda y por lo tanto son fieles a su postulado fundamental \"TODAS LAS FORMAS DE LUCHA SON VALIDAS \". Su añoranza de la otrora fortalecida Unión Patriótica es manifiesta, corroborando la aseveración del Ex-ministro Carlos Lemons Simons de ser la UP el brazo político de las FARC. Nuestro poder judicial debería ser NO POLITICO y juzgar por igual a MAMERTOS y a REACCIONARIOS.
Los magistrados no deben buscar los medios de comunicación para expresar sus apreciaciones acerca de juicios ni antes ni después de los fallos. Antes de los fallos estas manifestaciones direccional las decisiones de los jueces.
El nivel de impunidad en Colombia es mayor al 90% entonces que es lo que pasa aquí AH!.
Y lo de Ascencio reyes y Giorgio Salen que es?
El siguiente comentario mío, se refiere a José Mamerto y "su concepto", qu está más abajo....En todo!!!
La principal falencia de este país siempre, y a través de los siglos, ha sido la JUSTICIA en todos los órdenes, pero de manera muy especial la grave falencia que siempre han mostrado todas las esferas judiciales, son las que han hecho de Colombia un país desigual e inequitativo. Pero jamás como ahora, cuando las altas cortes parecen estar llenas de funcionarios que lo primero que hacen al acceder a tales dignidades, es comportarse de la manera más indigna, violando ese principio básico, fundamental para el más mediocre de los países democráticos, como lo es IMPARTIR PRONTA Y CUMPLIDA JUSTICIA. No quisiera acusar de venalidad a esos magistrados, sinembargo todo parece indicar que todos sus actos, fallos y sentencias, corren más por esos caminos, que por el honorable ejercicio de la jurisprudencia al servicio de la nación. Cosa, esta última, que parece estar absolutamente borrada de la mente de tan altos caballeros. Poder y Gobierno parece que es el objetivo a conseguir por estos días.
Adelante todas las formas de lucha son validas e iguales!!!Entre más desgreño y más caos mas se debilitan las instituciones. El 93% de impunidad es una meta alcanzada. Sigan así o empeoren pero ni un paso atrás. Luego salgan de sus cargos a entablar oposición como Carlos Gaviria y Araujo entre muchos. Adelante seniles cuchachos
La corte es una institución politiquera, mas no un institución de cara a la labor asignada por la constitución del 91, su poder se ha enfocado a la perjuria hipócrita de la clase política en el poder y a legitimzar otra clase política con ideales falsos y fraseologías vacias quedando demostrado en su casi nulo compromiso con los cuidadanos y limitandose más bien a ser tropezadero político en lugar de sentenciar objetivamente enmarcados en la razón y la lógica, respecto a los procesos de última instancia que le son asignados, lástima que solo sean lagartos cavernícolas peleando por puestos burocráticos y de ahí se parte a que el nivel académico no es el limitante para una cultura civista mientras que las relaciones economico-políticas no sean tocadas.
o trabajan a cuenta gota o los casos son de tal envergadura que no les es posible ser más agiles.
Un legado más del uribismo
Con todo respeto le queda bien su nick: "el comentador mamerto"
Este sí que es uno de esos comentarios estúpidos con los que uno se encuentra, de buenas a primeras, al aparecer, más que un mamerto, un individuo con apenas un cinco por ciento de sus posibles capacidades de raciocinio... Le recomendaría que trate de profundizar en sus análisis, que piense, repiense y recapacite un poco, porque su comentario no parece tal, sino una simple frase acuñada por alguien con poca entendedera entre el frontal, el occipital y los parietales....¿Me entendió? Ese parece un pensamiento de guerrillero de quinta línea, o sea, los que sólo saben disparar y nisiquiera saben por qué ni para qué.
El informe contempla toda suerte de asuntos sometidos a la Corte Constitucional y señala de manera puntual las demoras en la tramitación. Sus conclusiones no pueden ser desvirtuadas, y los graves efectos sobre la confianza en la administración de justicia conducen a reforzar la imagen pública de su ineficiencia. Esto explica en buena medida el descreimiento en la eficacia de la acción estatal, pues el juicio negativo se extiende, aun con mayor razón, a las demás ramas del poder. La orientación colectiva de los rumbos constitucionales del país, cuyo trazo le corresponde fijar a esta Corte, se resiente al o ser conocida con oportunidad por las agencias del gobierno, los particulares afectados y, lo que es peor, por el aparato judicial que requiere guías jurisprudenciales para su desempeño.
Buena investigación, que debería ir más allá. Es decir contemplar todos los casos desde los últimos 4 o 5 años para poder tener claridad sobre la tendencia. Entendiendo claro está wque esto cuesta y es demorado, pero sería un ejercicio interesante. Igualmente, buscar las causas reales de los retrazos. creo que cada uno de los magistrados tiene algo que decir al respecto. Adicionalmente, ese el el cuadro general de la justicia en Colombia. Yo personalmente tengo un caso de demanda al estado y lleva cuatro años sin que se defina y así las cosas en caso de ganar, al estado le saldrá muy costoso, siempre y cuando no se haga repetición contra el funcionario.
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