Veinticinco años después, ayer fue condenada judicialmente la primera persona por el holocausto del Palacio de Justicia. El coronel retirado Luis Alfonso Plazas Vega fue declarado culpable de la desaparición forzada de once personas que salieron con vida de la toma del M-19, el 6 y 7 de noviembre de 1985.

La decisión adoptada por la juez María Stella Jara Gutiérrez, lejos de ponerle punto final a este episodio trágico de la historia colombiana, puede convertirse en la cuota inicial de la repartición de responsabilidades. También será un ingrediente nuevo en la disputa entre la justicia ordinaria y el fuero militar.

La Juez consideró a Plazas responsable como autor mediato del delito de desaparición forzada. Es decir, el ex coronel no fue quien de manera directa desapareció a esas personas, sino que dentro de la estructura militar tenía el control sobre la seguridad de ellas, y dio órdenes para que fueran trasladadas a guarniciones militares. Allí fueron torturadas antes de que se les perdiera el rastro.

La Juez le impuso a Plazas Vega la pena más alta que le permite la ley. Sin embargo, dejó constancia de que le parecía injustamente baja debido a la condición de miembro de la Fuerza Pública que ostentaba, la mala fe con la que actuó y el sufrimiento al que fueron sometidas las víctimas.

La decisión confirma varias de las tesis de la fiscal del caso Ángela María Buitrago: Plazas Vega sí tenía mando en la operación; sí tenía el manejo de los rehenes liberados del Palacio, y los once desaparecidos sí salieron vivos de allí (la defensa de Plazas argumentó en algún momento del proceso que no había pruebas de que eso fuera cierto). Y, muy relevante para lo que viene, confirma que la Fuerza Pública sabía que el M-19 se tomaría el Palacio de Justicia.

Tenía mando

Durante la toma y retoma del Palacio de Justicia se activó el Plan Tricolor, una estrategia conjunta de todas las fuerzas de seguridad para enfrentar una emergencia de orden público. La Escuela de Caballería - que encabezaba Plazas Vega - estaba a cargo de la contención de la guerrilla.

Entre las pruebas que presentó la Fiscalía, está un informe de actividades que halló en la Escuela de Caballería, en 2007, en que Plazas Vega se dirige al comandante de la Brigada Trece, Jesús Armando Arias Cabrales. Allí Plazas dice, entre otros, que las operaciones de la retoma del Palacio estuvieron bajo su "control directo". Varios testimonios coinciden en afirmar que Plazas Vega llegó al 'teatro de operaciones', el 6 de noviembre de 1985 a mediodía, asumió el control y pidió la Casa del Florero como centro de mando.

Durante el proceso la defensa de Plazas Vega siempre consideró que el primer responsable del operativo fue el presidente Belisario Betancur. Además, aseguró que las operaciones fueron directamente supervisadas por la cadena de mando: el ministro de Defensa, general Miguel Vega Uribe y el comandante de la Brigada Trece.

Control sobre los rehenes liberados

Según el documento hallado en la inspección de la Fiscalía y algunos testimonios, los hombres de Plazas evacuaron a los rehenes y los trasladaron: "(...) fue entonces cuando comenzó la salida de rehenes. Las mujeres por la escalera sur y los hombres por la escalera norte".

Las comunicaciones a través de radioteléfonos también demuestran que la Escuela de Caballería "era parte del engranaje en el manejo y traslado de los rehenes". 'Azabache' era el nombre clave de la Escuela, al mando de Plazas Vega.
 

La toma estaba anunciada

En su testimonio en el proceso, el ex presidente Belisario Betancur afirmó que con ocasión de la visita del presidente de Francia, François Mitterrand, se tuvo conocimiento del plan del M-19 de tomarse el Palacio.

Por otra parte, Edgar Villarreal, integrante de la Séptima Brigada del Ejército en 1985, afirmó que el 5 de noviembre (un día antes de la toma), hubo alistamiento de primer grado porque iba a haber "una alteración del orden público en Bogotá".

Y según un memorando del Comando General de las Fuerzas Militares, de 16 de octubre de 1985, dirigido a inteligencia, al A2, al M2, a la Dijín y al DAS, la guerrilla del M-19 planeaba tomarse el Palacio de Justicia y retener a los magistrados como rehenes "al estilo Embajada de Santo Domingo. Harán fuertes exigencias al Gobierno sobre diferentes aspectos, entre ellos el tratado de extradición".

Diversas pruebas apuntan a que la Fuerza Pública previó la toma del M-19 y la permitió con el propósito de acorralar a los guerrilleros en el Palacio para después acabar con ellos. Esta hipotesis se conoció siempre como "la ratonera".
 

La condena de Plazas Vega - que aún debe ir a segunda instancia - puede generar un efecto dominó frente a otros responsables en la retoma de la Fuerza Pública y sienta un precedente en los casos que se siguen por este episodio.

El primero de ellos es el ex presidente Belisario Betancur. La Juez pide explícitamente que se le investigue en su condición de máxima autoridad administrativa en 1985, y por la responsabilidad que asumió y manifestó públicamente haber tenido durante toda la operación. La Comisión de Acusaciones de la Cámara sería la competente para hacerlo. 

Los generales retirados Jesús Armando Arias Cabrales, comandante de la Brigada Trece durante los hechos; Rafael Samudio Molina, entonces jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Militares, e Iván Ramírez, entonces comandante del Comando de Inteligencia y Contrainteligencia (Coici), hacen parte de los altos mandos militares investigados.

Arias y Ramírez enfrentan procesos penales por estos hechos, mientras que contra Samudio se precluyó una investigación en 2008.

Igualmente, algunos militares que pertencían al B-2, otra fuerza que participó en la retoma, están investigados. Y la Juez también pidió que se investigue a las autoridades de la Policía y el DAS.

La solicitud de que se investigue a todos los que tuvieron que ver con la retoma no se limita a los desaparecidos. La Juez también pide que se investiguen las posibles ejecuciones extrajudiciales - personas encontradas dentro del Palacio con tiros de gracia - y el hecho de que la Fuerza Pública supieran con antelación que el M-19 iba a tomarse el Palacio e, incluso, tomara medidas como retirar la vigilancia policial para hacerlo más vulnerable.

Pero los efectos no se quedarán únicamente en el plano judicial. Por un lado, la decisión hará parte del debate que libran los militares por su fuero especial y, por el otro, revivirá el debate de la responsabilidad del M-19 en la toma.

Entre los militares existe cada vez más descontento con que los miembros de la Fuerza Pública sean juzgados por la justicia ordinaria, que a su juicio no comprende las lógicas militares (un argumento que la defensa de Plazas Vega reiteró una y otra vez).

En los últimos años el fuero militar se ha visto crecientemente restringido, principalmente porque la jurisprudencia ha establecido que sólo se aplicará cuando se trate de un miembro de las fuerzas militares y el delito ocurra en cumplimiento de actos propios del servicio. Esto implica que las violaciones de derechos humanos o los delitos de lesa humanidad cometidos por militares - como los 'falsos positivos' - son investigados por jueces ordinarios. Para los militares, este escenario "desmoraliza a la tropa".

Un convenio firmado por el ex Ministro de Defensa Camilo Ospina, otorgandole a la Fiscalía la competencia para conocer los casos primero para determinar si son de competencia de la justicia militar, terminó restringiendo aún más este fuero.

Por lo tanto, la lucha de los militares es por reestablecer el fuero militar y fortalecerlo. Un tema que afloró en esta campaña y que estará en el orden del día del próximo gobierno.

Por otro lado, Plazas Vega es a partir de ayer el primer condenado judicial por los hechos del Palacio de Justicia. No podrá permanecer ni en el Hospital Militar ni en un centro de reclusión especial, sino en una cárcel común y corriente. Que Plazas esté allí mientras algunos ex militantes del M-19 están haciendo política es una injusticia, dicen quienes apoyan al ex coronel. Muchos de ellos gritaron arengas de este tipo ayer a las afueras del juzgado, y no ahorraron insultos para los militantes de la izquierda.

La sentencia de la juez Jara no toca este punto por que no hacía parte de su investigación. No obstante, vale la pena mencionar que el M-19 fue cobijado por una amnistía y un indulto producto de las negociaciones de paz, y todos los que participaron en la toma murieron allí mismo (una de ellos hace parte del grupo de desaparecidos).

El propio presidente Uribe atizó el fuego ayer al decir que le daba tristeza la decisión y que "ninguno de los actores criminales [de la toma] está en la cárcel". Pero mientras él se lamenta y los militares protestan, las víctimas celebran. Celebran los 30 años contra Plazas, después de 25 de espera.