Sabas Pretelt no es el único que se juega su cabeza en el caso de la ‘yidis-política’; también el presidente Uribe y el procurador Alejandro Ordóñez. Si el ex Ministro del Interior y ahora ex Embajador resulta condenado por la Corte Suprema por la 'compra' de la primera reelección, quedarán en entredicho la legitimidad del segundo periodo de Uribe y la decisión de Ordóñez de haber absuelto disciplinariamente a los responsables.

"Como Ministro del Interior y de Justicia, le ofreció prebendas el 2 y 3 de junio del 2004 a Yidis Medina a cambio de que ella votara a favor del proyecto 267 de reelección presidencial en el primer debate de la Comisión Primera de la Cámara", dice la resolución emitida por el vicefiscal Fernando Pareja. Agrega que Pretelt también habría contribuido a hacer los mismos ofrecimientos al entonces representante Teodolindo Avendaño, que no apareció el día de la votación. Estas prebendas se habrían concretado en notarías y cargos o contratos con entidades del Estado.

El caso de Sabas Pretelt llevaba mucho tiempo dando vueltas en la Fiscalía. Según una persona que ha conocido de cerca todo el proceso y que pidió que no se revelara su identidad, en el búnker de la Fiscalía se rumoraba, hace poco menos de un año, que antes de irse el fiscal general Mario Iguarán iba a precluir la investigación contra Pretelt.

El rumor surgió cuando Iguarán decidió separar la investigación que se llevaba contra el ex Ministro del Interior de la de los demás funcionarios implicados en la 'yidis-política', aunque jurídicamente no parecía necesario. Los otros implicados son el ministro de la Protección Social Diego Palacio, el ex secretario general de Presidencia Alberto Velásquez (quien fue gerente de la campaña de Juan Manuel Santos hasta la llegada de J. J. Rendón) y el secretario general Bernardo Moreno. Está pendiente la decisión de la Fiscalía en el caso de ellos.

Sabas Pretelt renunció ayer mismo a la Embajada en Italia.

El presidente Uribe dijo hoy que se está confundiendo "lo que ha ocurrido toda la vida en Colombia" con el cohecho. Sobre la elección del Fiscal ha dicho que la Corte se está negando a "cumplir con su mandato constitucional".

La Fiscalía también le dio credibilidad a la versión de Yidis Medina.

No obstante, Iguarán no llevó directamente el expediente de Pretelt, ya que tuvo que declararse impedido por haber trabajado en el primer gobierno de Uribe. Por lo tanto la investigación pasó al despacho del vicefiscal Guillermo Mendoza.

Iguarán se fue y la decisión de precluir la investigación nunca se tomó. Mendoza lo reemplazó de manera interina y de Vicefiscal llegó Fernando Pareja, un hombre de la entraña de la Corte.

Pareja retomó la investigación que dejó Mendoza, que se basa en las pruebas con las que la Corte condenó por cohecho a Yidis Medina, y proyectó la resolución de acusación. Pero, por razones que se desconocen, la decisión estuvo aparentemente guardada en un cajón por meses. Una de las explicaciones es que Mendoza habría esperado que esa 'papa caliente' la heredara el próximo Fiscal.

El Procurador también está en el baile

Alejandro Ordóñez también se juega su reputación e, incluso, su cargo. En marzo de 2009, cuando llevaba apenas un par de meses en el cargo, absolvió a Sabas Pretelt y a Diego Palacio por la 'yidis-política'. En su momento, la revista Semana reveló el borrador del fallo que había dejado su antecesor, Edgardo Maya, donde constaba que con las mismas pruebas los iba a destituir.

Con la resolución de acusación contra Pretelt, y si llega a haber una condena de la Corte, la decisión de Ordóñez quedaría totalmente cuestionada. No se explicaría que se estableciera que el ex Ministro cometió un delito pero que no hubo falta disciplinaria. Y esto no tendría simplemente implicaciones políticas, sino que podría convertirse en una investigación judicial contra el Procurador por prevaricato.

Ordóñez puede revocar directamente la decisión que emitió hace un año o podría solicitárselo directamente cualquier persona, e iniciar una nueva investigación. Pero este panorama no parece fácil, y más bien la defensa de Pretelt va a usar la absolución de Ordóñez como argumento contra la decisión de la Fiscalía.

Para agregarle un elemento más a todo el enredo, Jorge Aníbal Gómez, el nuevo candidato a Fiscal, es el abogado del Procurador en el proceso que la Corte le sigue precisamente por la decisión que tomó en la 'yidis-política', después de una denuncia instaurada por el representante Germán Navas Talero. Y si la Corte se ha negado a que el presidente Uribe ponga su Fiscal, mucho menos querrá que lo ponga el Procurador, con quien ha empezado a tener diferencias.

La encrucijada de Uribe

"Me duele que todo se base en el testimonio de una persona cuya capacidad de mentir está plenamente comprobada", dijo esta mañana el presidente Uribe a una emisora de Medellín.

Estas declaraciones de Uribe resumen gran parte de la defensa que empleará Sabas Pretelt. En un principio Medina dijo que no recibió ninguna dádiva y después, cuando habló con el periodista Daniel Coronell, cambió su versión. Además resaltarán otras contradicciones que, según ellos, tiene el testimonio de la ex Representante a la Cámara. Por otro lado, la defensa argumentará que la Corte Suprema no vinculó formalmente al ex Ministro en el proceso de Yidis Medina, a pesar de que él lo solicitó directamente a través de una carta.

Pero más allá de eso, el problema para el Gobierno es que detrás del proceso de Pretelt viene el de Moreno, Velásquez y Palacio, que podría tener el mismo desenlace, con lo cual no sería descabellado pensar que alguien del Gobierno termine en la cárcel por la 'compra' de la reelección. Y a eso habría que agregarle todos los otros escándalos que se dieron en los últimos años: las 'chuzadas' e intimidaciones del DAS, los 'falsos positivos' y Agro Ingreso Seguro. Episodios en los que también avanzan las investigaciones judiciales.

Según una de las fuentes consultadas, la solución inicial para Uribe era tener un Fiscal amigo que atajara esos procesos. Pero como no sucedió, y ante la inminencia de la decisión de acusar a Pretelt, Uribe apuró la salida de Camilo Ospina y metió en la terna a Jorge Aníbal Gómez, un jurista que tiene todo el perfil para ser Fiscal.

Una fuente cercana al ex ministro Pretelt considera que realmente fue al contrario: después de que el fiscal Guillermo Mendoza conoció el nuevo nombre en la terna, decidió dar a conocer la resolución de acusación contra Pretelt. Detrás de esto, dice la fuente, habría un interés de Mendoza en hacer parte de la terna.

La Silla Vacía no pudo confirmar estas versiones de manera independiente, pero lo que está claro es que los términos del proceso estaban vencidos, y había decisiones previas que presionaban una determinación frente a los responsables del Gobierno. Por un lado, la Corte Suprema condenó a Yidis Medina hace casi dos años, y en la decisión compulsó copias para que se investigara la otra 'pata' del cohecho. Por el otro, en marzo de este año Medina se acogió a sentencia anticipada por los delitos que se desprenden de las dádivas que recibió: el enriquecimiento ilícito y el constreñimiento.

De una u otra forma, no parece causalidad que se hayan conocido casi simultáneamente el cambio en la terna y la decisión contra Pretelt.

El problema ahora para el Gobierno es que los impedimentos de los magistrados, por el hecho de haber sido elegidos con el voto de Gómez cuando era magistrado de la Corte, enredan la elección y el tiempo difícilmente alcanzará para despacharlos y eventualmente nombrarlo a él, antes de que llegue el nuevo Presidente.

Resulta complicado creer que el Gobierno no anticipó este episodio de los impedimentos. Una de las fuentes consultada por La Silla Vacía opinó que es posible que no lo supiera, pero si lo tuvo presente, enredar la elección actual podría tener un objetivo: sacar del camino a varios magistrados y meter conjueces, con lo cual el Gobierno podría al final ganar la partida con una jugada muy arriesgada.

La otra movida que estaría preparando el Gobierno, según esta fuente, es que un abogado o algún congresista de la coalición denuncie penalmente a la Corte Suprema por prevaricato por omisión, al negarse a elegir al Fiscal. La Comisión de Acusaciones sería la encargada de estudiar esta denuncia y posiblemente se alegaría que los magistrados estarían impedidos para decidir por cuenta de esa denuncia.

Y si nada de esto sale adelante, la única opción que tiene Uribe es que Juan Manuel Santos gane la Presidencia e inicie un renovado pulso con la Corte, tal vez con una terna nueva. Santos dijo hoy que debería haber una reforma para que el Gobierno maneje la Fiscalía, lo cual también está en su programa de gobierno. Sin embargo, hizo la salvedad de que los procesos contra altos funcionarios los debería llevar la Corte Suprema. De todas formas, un mensaje en ese sentido le cae como anillo al dedo al Gobierno, que ha criticado duramente a la Corte por dedicarse a votar sin elegir al nuevo Fiscal.