Como La Silla Vacía anticipó esta mañana, la Corte Constitucional tumbó la emergencia social en salud pero dejó con vida, hasta diciembre, los impuestos creados. Hacia las ocho de la noche del viernes, el presidente del tribunal Mauricio González ofreció una rueda de prensa para explicar la decisión.

"No había una perturbación que no se pudiera conjurar por medios ordinarios. Había medidas legislativas para enfrentar la situación en el sector salud. No eran hechos inminentes en cuanto a su valoración fáctica", explicó González. No obstante, la Corte reconoció la gravedad de los hechos. Por esta razón, y para proteger los derechos de las personas más vulnerables, decidió dejar vigentes los impuestos a la cerveza y el tabaco, hasta el 16 de diciembre, cuando termina la legislatura del Congreso.

Y si bien los impuestos se mantienen, su destinación tuvo un cambio. La Corte decidió que éstos sólo podrán usarse para la red hospitalaria pública, el acceso al regimen subsidiado y la atención de los que no están en ningún sistema. Este punto será, sin duda, polémico, y no está del todo claro por el momento (la Corte no ha entregado un comunicado de prensa aún y la sentencia se conocerá en varias semanas). Los impuestos creados también estaban destinados a cubrir las denominadas "prestaciones excepcionales en salud", es decir, lo que no está incluido en el Plan Obligatorio de Salud (POS). Estos servicios eran los que se ordenaban a través de tutelas o comités científicos, y no tenían una fuente de financiación específica.

La decisión de declarar inconstitucional la emergencia se tomó por unanimidad. En cambio, la de dejar con vida el cobro de los impuestos fue un 5-4. A favor estuvieron Jorge Pretelt, Mauricio González, Nilson Pinilla, Juan Carlos Henao y María Victoria Calle, y en contra, Humberto Sierra, Gabriel Mendoza, Luis Ernesto Vargas y Jorge Iván Palacio.

Todo lo demás se fue al piso. Las sanciones a los médicos, el uso de las prestaciones sociales para cubrir eventuales servicios médicos y todo el sistema de las prestaciones excepcionales, entre otros. Del ahogado, sólo quedó el sombrero.

El presidente Uribe anunció la emergencia social en la Cumbre de Gobernadores en Manizales, el 18 de noviembre de 2009, y la declaró oficialmente dos meses después. En ese entonces, La Silla Vacía analizó las razones que el Gobierno tenía para hacerlo.

La emergencia social declarada por el Gobierno estuvo plagada de errores e improvisaciones, de principio a fin.

La principal fue contrarrestar la situación de los departamentos, que según dijo entonces el gobernador del Atlántico Eduardo Verano de la Rosa, tenían deudas cercanas a los 500 mil millones por atender procedimientos no incluidos en el POS. También se habló de responder a la petición de las EPS, que acusaban deudas igualmente millonarias, y de ordenar el POS.

Pero en ese momento quedó claro, como ahora, que se estaba improvisando. Los departamentos habían asumido la carga de lo no POS por orden del propio Gobierno un año atrás; una gran parte del dinero estaba – y está – congelada en títulos de deuda pública TES; y la estructura y alcance del POS seguía – y sigue – sin aclararse (ver artículos de La Silla sobre el POS y los TES).

Todos estos puntos habían sido abordados por la Corte Constitucional en una sentencia de julio de 2008, con ponencia de Manuel José Cepeda. En ese momento, la Corte dio varias órdenes estructurales y estableció varios plazos para cumplirlas. Órdenes que se cumplieron a medias o se dilataron hasta el último momento.

Más de dos años después, el presidente Uribe declaró la emergencia social. El paquete de medidas se volvió una reforma al sistema por la puerta de atrás. El propio Gobierno reconoció que lo hacía en parte a través de esta figura para saltarse el Congreso, que hubiera ‘cobrado’ mucho por sacar adelante el proyecto.

La polémica de muchas de las medidas, entre ellas las sanciones a los médicos y el uso de las cesantías para algunos servicios, obligó a Uribe a salir a defender la reforma y a prometer muchos cambios a los decretos. Cambios que se quedaron en un ‘show’ mediático.
 

A la postre, el Gobierno tendrá que hacer lo que debió hacer desde el principio, y para lo que tuvo bastante tiempo: tramitar un proyecto de ley para introducir los cambios al sistema y conjurar la crisis. Pero, como informó La Silla Vacía hace unos días, es poco probable que eso salga adelante en los cerca de 120 días que le quedan a Uribe en el poder. Además, lo que más le importaba al Gobierno, que era salvar la 'platica', se logró.

Los proyectos de ley que se mueven en ese momento en el Congreso sobre el tema no son de autoría del Gobierno, sino propuestas de congresistas cercanos a la coalición. La versión que presente el presidente Uribe y el ministro Palacio depende en gran medida de lo que se acaba de decidir. Los medios de comunicación habla de un plan B que anuncia desde ya el Gobierno, pero del que no hay nada definitivo.

Uribe le dijo a sus asesores que el proyecto nuevo debía limitarse “a lo esencial”. Los problemas del sector son de todos los colores y sabores, pero lo esencial para el Gobierno en este momento es apagar el incendio financiero. Los impuestos a la cerveza y el tabajo son una parte, pero tal vez no suficiente. Y en esto quien tiene la última palabra es el ministro de Hacienda Óscar Iván Zuluaga, que está pensando en reducir el inmenso déficit fiscal antes que en ayudar al ministro Palacio a solucionar integralmente el problema de la salud en el país.

Con esta decisión, la Corte vuelve a mover el ajedrez político. Aunque no es una decisión de la trascendencia del referendo, los candidatos tratarán de meter en la agenda de la campaña la bandera de la salud y restarle protagonismo a la seguridad democrática. Y la opinión pública también se fijará en eso.
 
Nota: esta historia fue actualizada a las 8:30 pm y a las 9:30 pm del viernes.