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Sábado Octubre 23, 2021

Los hechos recientes en el departamento del Cauca no son nuevos para el país. No son nuevas las manifestaciones por vías de hecho protagonizadas por los indígenas en ese departamento. De la misma manera, han sido varias las estrategias de los diferentes gobiernos para hacerle frente a la problemática, pero pese a ello la crisis en lugar de aminorar se acrecienta.

Un conflicto antiguo

En epocas recientes, el país ha presenciado marchas campesinas desde finales del periodo de Ernesto Samper y comienzos de periodo de Pastrana. Los gobiernos de turno han intentado responder a la problemática indígena de varias maneras. El gobierno Samper estructuró el Plan Sur, un ambicioso proyecto de inversión social en los departamentos del Putumayo, Caquetá, la Bota Caucana y algunas regiones de Nariño con importantes logros para el desarrollo de dichas regiones en materia de infraestructura e incluso de programas de derechos humanos, del cual se pueden rescatar varias iniciativas. 

El gobierno Pastrana heredó dicho programa y desarrollo procesos de negociación adicionales con los grupos indígenas del Cauca, muchos de ellos terminaron con incumplimientos por parte del Estado que hoy aún son objeto de discusión en diversos escenarios como la Mesa Nacional de Concertación de Pueblos Indígenas y la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

El gobierno de Uribe se caracterizó por no desarrollar procesos de negociación con los grupos indígenas, el aumento de la fuerza pública en la región con el proceso de consolidación y el debilitamiento de las organizaciones a través de su división interna con el apoyo a la creación de la Organización indigena de los pueblos del Cauca, Opic. Fue precisamente durante ese gobierno que la Corte Constitucional estructuró una fuerte jurisprudencia de protección y garantía de los derechos humanos de las comunidades indígenas con fundamento a su derecho a la Consulta Previa.

Un elemento común a esos procesos han sido la violación de derechos humanos de los líderes de dichas movilizaciones a través de desapariciones forzadas, homicidios selectivos y detenciones arbitrarias, como la desaparición de uno de los miembros de la mesa de negociación de la marcha campesina de Norte de Santander, caso que se encuentra bajo la competencia del sistema interamericano de derechos humanos. En el día de hoy ya se señalan nuevas amenazas a las ya existentes en contra de sus líderes y comunidades. 

El reciente episodio en el Cauca

Lo que hace nuevo el caso de hace unas semanas en el Cauca es el escalamiento de la confrontación entre la población indígena y el Estado, donde ademas de barricadas, el cierre de vías como la Panamericana y de alteraciones del orden público, se dio el retiro del Ejército y de la Policía de sus territorios por la fuerza. Esta nueva situación y el debate que se ha presentado ante la opinión pública se asemeja a las controversias suscitadas durante el mandato de Alvaro Uribe como gobernador de Antioquia con las llamadas Comunidades de Paz de San José de Apartadó y la Organización Indígena de Antioquia sobre lo que se denominó como la neutralidad activa, que dejó a su paso una estela de homicidios y masacres en la región por los altos grados de estigmatización a que se llevó el caso

Como ha sucedido en el pasado, la pérdida de vidas humanas es el "elemento" que llama al diálogo entre las partes. Pero a la vez, esta situación multiplica la desconfianza, y amplia los costos políticos y jurídicos para el Estado. La sociedad civil, por su parte, manifiesta su solidaridad a través de marchas indígenas y campesinas, que tienen como propósito solicitar del Gobierno Central más atención a las regiones, por las problemáticas que allí se presentan, una muestra de ello es la marcha en el departamento del Putumayo y posiblemente se vayan gestando otras en departamentos como el Meta o Norte de Santander, asociadas a su vez, con lo que se ha denominado la Marcha Patriótica y la creación de un nuevo partido político de izquierda.

Pero estos procesos también han sido vistos como muestras de la capacidad de movilización y empoderamiento de los grupos subversivos como las Farc y el ELN dentro de la población, pues hay presencia histórica de estos grupos en las zonas en cuestión. No en vano el Presidente Santos y otros altos funcionarios estatales han hecho alusión a la posible infiltración de grupos como las Farc en las actuaciones de los grupos indígenas. La otra versión de la historia es el repudio a las Farc que han manifestado las comunidades indígenas, que los han expulsado varias veces de su territorio y han entregado insurgentes suyos a las autoridades para su desmovilización. 

El exgobernador del Cauca Juan José Chaux está siendo procesado por presuntos nexos con paramilitares, lo que cuestiona la posición de las autoridades locales y regionales frente al conflicto. Las marchas campesinas, especialmente las del sur del país, fueron precedidas por los peores golpes que han sufrido las fuerzas militares en el marco del conflicto, que además se ha ido concentrado en los últimos meses en Cauca, justamente.

Cómo aprender la lección

Un elemento que no es común a estas acciones de fuerza es la ruptura de las vías de hecho a expresiones de asonada por parte de miembros de los grupos indígenas que no se habían visto en el pasado, un error monumental es la posibilidad de que, en lugar de aislar la población civil del conflicto ésta sea inmiscuida en el mismo, con las consecuencias que ello puede acarrear (homicidios, desapariciones, etc). 

Constitucionalmente y por razones de la propia protección de la población y de sus derechos fundamentales no debe existir un lugar vedado para la fuerza pública, pero para dicha intervención se debe en todo momento garantizar los derechos fundamentales de las personas residentes en Colombia con la aplicación plena y efectiva de los estándares internacionales de derecho humanos y del derecho humanitario, entre ellos el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.

El Gobierno Nacional tienen en sus manos instrumentos políticos y jurídicos para generar procesos de inclusión de sectores sociales como los indígenas a su proyecto político nacional, la consulta previa es uno de ellos, que entre otras cosas, ha facilitado procesos tan importantes como la promulgación de la Ley de Víctimas y el Plan Nacional de Desarrollo. En casos tan dramáticos y críticos como este bien pueden diseñarse modelos de seguridad humana que aíslen a la población civil del conflicto y se dé por parte del Estado plena aplicación del Derecho Internacional Humanitario, medidas que pueden ser acompañadas por actores validos para tales efectos como las Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la OIT, que ayuden a generar procesos de diálogo y de negociación y no por el contrario que aumenten las tensiones existentes. 

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