En las próximas semanas deberá quedar aprobado por el Congreso de la República la ley de Presupuesto General de la Nación de 2016. El debate en esta oportunidad es especialmente álgido pues el proyecto de ley presentado por el Gobierno Nacional marca un punto de inflexión en la tendencia que se venía observando de crecimiento real del gasto público  durante los últimos cinco años. De otra parte, es un presupuesto inferior a las expectativas que se generaron al momento de aprobar el Plan Nacional de Desarrollo del actual gobierno en febrero pasado.

El “cordial entendimiento” que a pesar de ocasionales desencuentros caracterizó las relaciones bilaterales entre Colombia y Venezuela desde la cumbre de San Pedro Alejandrino (agosto de 2010) parece haber llegado a su fin. Hace un par de semanas el gobierno venezolano declaró el estado de excepción en varios municipios de la frontera. Así mismo, decretó el cierre permanente e indefinido de la frontera con el fin de controlar el contrabando hacia Colombia, al cual atribuye el desabastecimiento del mercado venezolano. Por otro lado, se intensificó la expulsión/deportación de colombianos (a veces sin consideración del estatus de refugiado que a muchos de ellos se les debe reconocer bajo el derecho internacional). En desarrollo de la llamada Operación Liberación y Protección del Pueblo (OLP) se han adelantado acciones policiales y militares encaminadas, según el propio presidente Maduro, a la “liberación de nuestra Patria de todos los factores criminales y del paramilitarismo que se ha apoderado con sus perversiones traídas desde Colombia”. Todo ello ha tensionado las relaciones bilaterales, exacerbado el nacionalismo y provocado una crítica situación humanitaria, como consecuencia no sólo de las deportaciones sino del desplazamiento de varios miles de colombianos que prefieren retornar al país antes que correr el riesgo de una expulsión abusiva y arbitraria.

Tanto el Gobierno como la oposición han convertido a la Fuerza Pública en un tema de discusión política. La lealtad  al Presidente o la aparente insatisfacción de miembros de la Reserva Activa, a la que se habrían sumados cuadros del servicio activo, estarían poniendo a las Fuerzas Militares y de Policía en la confrontación y polarización política con respecto a los diálogos que se adelantan en La Habana con las FARC. El desescalamiento del conflicto y la incertidumbre que éste estaría produciendo luego del ataque en Cauca podrían explicar el incremento de recurrir a los asuntos militares con fines políticos por parte de los distintos actores. 

En el boletín se analiza la transformación del campo como capítulo del proyecto de ley del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, asimismo, se estudia las implicaciones que tiene para el desarrollo rural del país.  
 

La “crisis migratoria” sobre el Mar Mediterráneo es un fenómeno que pone de relieve las dificultades por las que atraviesa la Unión Europea para articular los intereses y expectativas de sus miembros frente a problemas transnacionales. Mientras tanto, el saldo humanitario se eleva. Este texto propone una radiografía sobre el asunto y expone la importancia de lograr una respuesta conjunta tanto para la continuidad del proceso de integración europeo como por razones humanitarias.

El ataque perpetrado por las Farc en Cauca que dejó once militares muertos, arroja el siguiente balance sobre relación entre lo que sucede en Colombia y la mesa de la Habana: es riesgoso hacer concesiones militares a la contraparte (Farc) mientras ésta mantenga capacidad armada; la guerrilla ha hecho un reacomodamiento táctico militar utilizando el cese unilateral de hostilidades “por tiempo indefinido”; y resulta inconveniente el principio de negociación “nada de lo que suceda en Colombia afectará la mesa de diálogos”.

La Rusia que heredó Vladimir Putin de Boris Yeltsin era el arquetipo de un país postrado en lo económico, vapuleado en lo político, y emocionalmente devastado tras el colapso del Imperio Soviético. Hoy 15 años después y en medio de un sinnúmero de manifestaciones que parecen reestablecer algo de la grandeza histórica de antaño, Rusia parece moverse una vez más hacia la ortodoxia y la autocracia. Esto es quizá el mayor legado de Putin, que por lo que parece, aún estará en el poder durante un rato largo.

La Ley de Víctimas y Restitución de Tierras es sin lugar a dudas uno de los pasos más importantes que ha dado el país en el marco del proceso de paz y en la construcción de un escenario de posconflicto. Si bien esta ley reconoce que las víctimas tienen derecho a la verdad, justicia y reparación, la implementación y cumplimiento de ésta no solamente debe enmarcarse en la perspectiva de la justicia transicional, sino también en la del desarrollo rural.

Los paros agrarios que se presentaron durante el 2013 y primer semestre de 2014 pusieron en evidencia ante la opinión pública y el gobierno central, problemas estructurales como la baja rentabilidad de las actividades agropecuarias, la falta de presencia del Estado con bienes públicos y la no existencia de alternativas productivas atractivas a los cultivos ilícitos. En esta Nota de Política se presenta a los lectores los antecedentes de los paros, los temas de las negociaciones y los acuerdos alcanzados, y por último se analizan estos acuerdos y las implicaciones de política que tienen.

Bajo la administración del Presidente Santos, se preparó y aprobó en el Congreso de la República la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. El Proyecto de Ley de Tierras y Desarrollo Rural es otra pieza complementaria a la anterior, y ambas son consistentes con el 1er punto de negociación entre el gobierno nacional y la guerrilla de las FARC sobre desarrollo agrario integral. Sin embargo, a menos de dos meses de que termine el período presidencial, el proyecto de ley aún no ha sido radicado en el Congreso de la República para su discusión y posterior aprobación. Como resultado de una mesa de discusión realizada por la Red de Diálogo sobre Desarrollo Rural – PRODERURAL el pasado mes de junio y con el ánimo de brindar las herramientas de análisis necesarias se presenta esta primera Nota de Política.