Por Marcela Eslava
 
Hay en esencia dos formas, no excluyentes entre sí, de hacer políticas para el desarrollo empresarial. Una consiste en crear condiciones que estimulen la inversión en nuevos negocios y en la expansión de los existentes, dejando que la iniciativa empresarial misma, que tiene todos los incentivos para buscar los negocios con mejores perspectivas de crecimiento, identifique las actividades específicas en que se debe invertir. Entre muchos ejemplos posibles de este tipo de estrategia están reducir los trámites necesarios para crear un nuevo negocio, mejorar el acceso a crédito, asegurar la estabilidad del marco legal dentro del cual se desarrolla la actividad privada. Una segunda posible vía para impulsar la actividad privada está en tratar de proteger actividades específicas, bien porque atraviesan por un mal momento, bien porque de alguna manera se consideran de interés estratégico para el desarrollo de la economía. El otorgamiento de subsidios o créditos del gobierno a sectores específicos son ejemplos clásicos de este enfoque de la llamada política industrial. El gobierno Uribe se ha caracterizado por una tendencia a favorecer las políticas dirigidas, una lógica consecuencia de su insistencia en solucionarle a cada quien sus problemas en lugar de pensar la política económica como un todo.
 

 
La política de desarrollo dirigida a sectores específicos tiene varios problemas. El primero es que los subsidios y otras ayudan incrementan la rentabilidad relativa de las actividades a las que se dirigen, comparada con la de otras. Así, se desincentiva la inversión en actividades alternativas, algunas de las cuales bien pueden ofrecer a la economía mejores perspectivas de crecimiento. Lo anterior seguramente no sería problemático si las actividades impulsadas por el gobierno fueran precisamente aquellas con mayores posibilidades de crecimiento. Esto nos lleva al segundo problema de la política industrial dirigida: que la elección de los sectores favorecidos es presa de dificultades tanto técnicas como políticas. Entre las primeras está que la identificación de actividades rentables pasa por procesos de investigación de mercados y tecnologías, y por ensayos y errores, que son naturales en la actividad privada pero no están en el menú de posibilidades del gobierno; a esto hay que sumarle que los recursos invertidos en estos procesos pueden ser recuperados por el empresario que luego recibe la rentabilidad de su negocio, pero no por el gobierno. Más grave, sin embargo, es que el otorgamiento de ayudas estatales a sectores específicos es con frecuencia resultado de un proceso político, con la consecuente falta de correspondencia entre la lista de sectores favorecidos y aquella de sectores con mejores perspectivas de crecimiento. Suele ser el caso que los receptores de ayudas estatales son aquellos sectores que han desarrollado una mejor capacidad de acción colectiva, reflejada en el lobby de asociaciones gremiales bien organizadas y de empresarios influyentes, sencillamente porque éstos son los que logran hacerse oir. Las ayudas del gobierno acaban así entregadas con criterios que distan de la identificación de sectores con mayor potencial de crecimiento. Cuidado entonces con la política industrial; la tendencia a “sectorializar” la política de desarrollo acaba yendo en detrimento del desempeño de la economía en el largo plazo.