Por: Daniel Mejia

Luego de varias décadas de la llamada “guerra contra las drogas”, esta no ha dado los resultados esperados. Algunos países ya se dieron cuenta de esto y se han propuesto hacer una revisión drástica de sus políticas enfocadas a enfrentar este problema. El caso más diciente es el de EE.UU., en donde en las últimas semanas se han venido revisando en el Congreso algunas políticas anti-drogas en cuatro dimensiones particulares. Primero, eliminar la disparidad de sentencias asociadas a delitos de posesión de crack vis-à-vis cocaína (las sentencias por posesión de crack son casi 100 veces más fuertes que las asociadas a la posesión de cocaína); segundo, revocar la prohibición a los estados de gastar parte del presupuesto enfocado en la prevención del SIDA en programas de intercambio de jeringas, enfocados estos últimos en reducir la expansión del virus del SIDA mediante la distribución de jeringas nuevas (a cambio de jeringas usadas) a adictos a las drogas; tercero, permitir el uso de marihuana con fines médicos; y cuarto, eliminar la penalidad de cerrar el crédito a estudiantes universitarios que en el pasado hayan sido condenados por cargos relacionados con drogas ilícitas. Todas estas medidas apuntan en la misma dirección: dejar de ver el consumo de drogas como una actividad criminal y tratarlo, más bien, como lo que es, un problema de salud pública.
Por el lado de la guerra contra las drogas en Colombia también se vislumbran algunos cambios positivos hacia futuro. Por un lado el gobierno ha anunciado el llamado “Salto Estratégico”, un programa inmenso que pone menos énfasis en el “garrote” de la guerra contra las drogas (campañas de erradicación forzosa de cultivos ilícitos) y mayor énfasis en la “zanahoria” de la guerra contra las drogas, es decir, el fortalecimiento institucional a nivel local, la provisión de servicios de salud y educación, el imperio de la ley, etc. En otras palabras, se trata el problema de los cultivos ilícitos como un problema de desarrollo económico y no como un problema puramente criminal. Ahora, esto no significa que la guerra contra los grupos criminales que se financian de la producción y tráfico de cocaína deba acabarse. Al contrario, hay que fortalecerla, pero atacando a los que realmente se benefician de este negocio y a quienes usan los recursos derivados de estas actividades para cometer ataques terroristas, corromper políticos, etc. Así las cosas, el “garrote” de la política anti-drogas debe enfocarse menos en atacar los cultivos y más en detectar los laboratorios y cristalizaderos, en el control de insumos químicos utilizados para el procesamiento de cocaína y en la interdicción de los envíos de cocaína al exterior. Es allí donde se va a golpear duro a los productores y traficantes. Visto en términos pragmáticos, cuando a un productor le destruyen una hectárea de coca le quitan $400 dólares del bolsillo, pero cuando le decomisan un kilo de cocaína le quitan entre $3,000 y $25,000 dólares del bolsillo (dependiendo de donde se lo quiten) . Ayer el presidente Uribe menciono el “Plan Colombia mejorado” (refiriéndose al tema de la mayor cooperación militar con EE.UU. ). Ojala sean estas mejoras que mencione arriba las que el gobierno tiene en mente.