En las universidades colombianas, y en unas mucho más que en otras, se ha cultivado a lo largo de muchas décadas un radicalismo violento que ha alimentado la guerra incluso después de que todas las insurgencias latinoamericanas abandonaran las armas para apostarle a la política. Un radicalismo, que ha celebrado la rebelión en contra del Estado y que ha justificado el recurso a la violencia como única respuesta útil y posible a las injusticias, subestimando así las potencialidades de la acción política pacífica como medio de transformación de la sociedad.

Según Jorge Orlando Melo los intelectuales colombianos jugaron “un papel importante en la creación de un ‘sentido común’ justificador de la violencia, mediante la elaboración de argumentos a favor de ella”. Y en su último libro, “Las Idea en la Guerra”, Jorge Giraldo discute este fenómeno en detalle.

Todos tienen derecho a expresarse, incluso los ideólogos de la violencia, pero ese derecho no los exime de asumir su responsabilidad política y ética por lo que dicen y lo que enseñan. En una ocasión, Melo observó que “la justificación de la violencia mantiene la tranquilidad moral del que no hunde el gatillo pero lo apoya.” La sociedad no puede renunciar a discutir esos argumentos en espacios abiertos en los cuales los grupos violentos tengan menos margen de maniobra del que tienen en las universidades para callar a sus contradictores.

Mientras en otros países ministros, congresistas y medios abordan el tema de la radicalización de los jóvenes en las universidades, en Colombia no se habla de eso aún si, en el medio de un proceso de paz que quiere cimentar “Garantías de No Repetición”, sería obvio hacerlo.

En las décadas pasadas los colombianos se despreocuparon de las dinámicas de radicalización que se han llevado a cabo en sus universidades. Y cuando hubo interés, se respondió con el mismo radicalismo violento que se buscaba combatir. No olvidemos que en este país unos académicos estuvieron asesinados por sus ideas.

Para consolidar la paz, necesitamos un debate amplio sobre desradicalización y sobre el fortalecimiento de una ruta verdaderamente democrática, libre de extremismos de derecha, como los que exhibieron los paramilitares, y libre de extremismos de izquierda.

Por empezar, reconozcamos que desde ambos lados del espectro político hubo quienes rechazaron la violencia. Francisco Mosquera, fundador del MOIR, o  Estanislao Zuleta, fundador del Partido Socialista Revolucionario, por ejemplo, denunciaron las prácticas terroríficas avaladas por cierta parte de la izquierda colombiana.

Hoy más que nunca el País necesita una agenda de desradicalización para deslegitimar la violencia como instrumento aceptable para la resolución de nuestras diferencias. Sobre todo, el País necesita entender que dicha agenda no se logra ni con las motosierras ni con las chuzadas.

Es hora de ejercer de manera responsable toda la fuerza y la influencia de la palabra.