Por Leopoldo Fergusson (@LeopoldoTweets)

El Estado está de moda. Cada vez se reconoce más su importancia para promover el desarrollo económico y social. En Colombia, con el proceso de paz, mucho se ha dicho sobre su debilidad persistente y su desigual presencia en el territorio: hay que llevarlo donde nunca ha llegado, se insiste. Pero con el Estado sucede como con las familias, según la conocida máxima de Ana Karenina: las felices son todas iguales, pero toda familia infeliz es infeliz a su manera. Y es que las familias, como el Estado, tienen muchas dimensiones. Para que sean felices todo tiene que andar bien, pero la desdicha se puede conseguir arruinando cualquier combinación de factores. Esta dura realidad tiene un agravante que quiero ilustrar en esta entrada: cuando no todo anda bien, quienes se benefician (y son muchos) de un Estado débil, tienen más de una herramienta para perpetuar la incapacidad estatal.

Primero, una aclaración. Cuando hablo de Estado fuerte, quiero decir consensualmente fuerte. El dilema fundamental de la capacidad estatal es que cuando un Estado es suficientemente poderoso como para hacer bien su tarea, también puede serlo para hacer daño. Por eso hay que controlarlo. Para eso están las leyes que limitan lo que los estados pueden hacer. O la separación de poderes. O la democracia, con sus espacios de representación y participación. Este control y la capacidad estatal pueden ser complementos: porque lo controlan, los ciudadanos le dan más poder al Estado (pagando impuestos, respetando su monopolio del uso de la fuerza, cumpliendo las normas).

Pero el caso colombiano sugiere que el asunto no es tan sencillo. Cuando hay democracia, pero otras dimensiones funcionan mal, ni siquiera esta forma de control por excelencia ayuda inequívocamente en la construcción de Estado. Veámoslo con tres ejemplos sobre el funcionamiento de la democracia en presencia de conflicto interno.

Recuerde el escándalo de la parapolítica. La parapolítica nos mostró que pese a las enormes dificultades, la prensa expone a los políticos envueltos en tratos con grupos ilegales. Thomas Jefferson, un optimista, creía que con esto basta para que la democracia funcione: “Donde la prensa es libre”, escribió, “todo está a salvo”. No necesariamente. Se necesitan, en realidad, todas las dimensiones de un Estado capaz. De lo contrario, la respuesta estratégica de quienes se benefician del Estado débil no tarda en aparecer. Los parapolíticos expuestos en la prensa no pagaron un costo electoral. Simplemente parecen haber compensado la exposición en medios con coerción, obteniendo votos adicionales en los lugares donde podían manipular más fácilmente al electorado.

Otro ejemplo. Imagine un país con elecciones y conflicto interno. Imagine un político ampliamente reconocido como el más apto para vencer a los rebeldes. Ahora imagine que a este político le importa el poder. Como el mecánico que en realidad no quiere arreglar de una vez por todas el radiador de su carro, este político no quiere resolver de una vez por todas el conflicto interno. Si lo hace, pierde su ventaja electoral, como el mecánico que se queda sin trabajo. Este problema del “amor a los enemigos” no ha pasado desapercibido por los analistas en Colombia.

Finalmente, piense en la experiencia con la elección popular de alcaldes. Esta reforma, en la dirección de mayor democracia, permitió que partidos que habían quedado por fuera durante el Frente Nacional y su prolongación consuetudinaria llegaran al poder local. Entre ellos se destacan algunos movimientos de izquierda que nunca formaron parte de los partidos tradicionales. En un trabajo apenas en desarrollo (por lo que les quedo debiendo el enlace) encontramos que donde llegó la izquierda al poder se observaron en promedio 4.5 ataques anuales adicionales por habitante cada año. En las siguientes elecciones, la izquierda no sólo típicamente no volvió al poder en estos lugares sino que el porcentaje de apoyo que recibió se redujo sustancialmente. El poder de facto representado por la violencia paramilitar contrarrestó lo que la izquierda obtuvo por medios institucionales. De nuevo, la respuesta estratégica facilitada por la incapacidad estatal en alguna de sus dimensiones.  

Frente a esto vale preguntarse cómo hacemos para construir Estado. Lo que está claro es que debe ser un esfuerzo exhaustivo, que ataque todas las dimensiones de un Estado: su capacidad legal, burocrática, fiscal, militar. El principio de Ana Karenina, y el caso de los alegremente llamados falsos positivos, así lo indican. Con los falsos positivos, quedó claro que cuando se hacen grandes esfuerzos por la construcción de Estado poniendo énfasis en una sola dimensión, los resultados no sólo no son efectivos sino contraproducentes. No es consensualmente fuerte un Estado si sus agentes asesinan a miles de civiles inocentes para sacar algún provecho personal. Ni se fortalecen las instituciones cuando para obtener esos beneficios hay que exacerbar la corrupción de la justicia para “legalizar al muerto”.

Mis ejemplos ilustran las dificultades de construcción de Estado en presencia de conflicto. Pero hay otra realidad típicamente colombiana, que constituye también un reto: el clientelismo, o eso de intercambiar votos por beneficios particulares. A los políticos clientelistas no les conviene que el Estado se vuelva muy bueno en su tarea esencial de proveer bienes públicos, porque atenta contra su ventaja comparativa que es entregar más bien beneficios a cuenta gotas a electores estratégicos. Así que la paz, si es efectiva, puede abrir oportunidades de construcción de Estado. Pero si el clientelismo impera, tenemos todavía más barreras que superar.

Termino con una anécdota y una preocupación. El pasado miércoles, el Presidente y su Alto Comisionado visitaron la Universidad de los Andes para hablar con los profesores sobre el proceso de paz. Sobre todo, querían que desde la Universidad contribuyamos a los retos que seguirán a una posible firma con las Farc. Pero el Presidente, que llegó a pedir ayuda, también se fue con peticiones. Una profesora le dijo que para ayudar habría que fortalecer Colciencias. Otra preguntó cómo podía poner a sus estudiantes a contribuir pero, también, cómo apoyaría el gobierno esa ayuda (i.e. el CVY). Y un tercero se quejó de un posible aumento en impuestos: “escúlquenle bien a las Farc, y que no vaya a ser que los contribuyentes financien la paz,” dijo más o menos. No disputo que Colciencias necesita plata, que los programas del gobierno deben facilitar nuestra ayuda, y que las Farc tienen que poner fondos. Pero la actitud pedigüeña, y los aplausos de mis colegas, me dio una mezcla de vergüenza y desilusión. Vergüenza porque este era un momento a la Kennedy de “No preguntes lo que tu país puede hacer por ti, sino…”. Y desilusión porque, sin restar muchas anotaciones válidas y muy interesantes de los profesores, estas solicitudes tenían algo de tinte clientelista.