Haberle entregado la Defensoría del Pueblo a Simón Gaviria, en medio de una repartija burocrática y en cabeza de un personaje sin ningún peso específico, como es Armando Otálora, fue el primer paso para prostituir la que debería ser la institución que nos represente a todos los ciudadanos.

La columna de Daniel Coronel en la que se ve al Defensor del Pueblo, tal como él mismo lo admitió en entrevista que concedió a Vanesa de La Torre, posando desnudo exhibiendo su pene y en la que se publican otros chats sexuales - con al menos dos interlocutoras diferentes-, una de ellas su secretaria privada, es la prueba de cómo en Colombia, cualquier estructura de poder público, termina siendo el botín que se reparte una clase política depredadora, que solo busca despacharse todo lo que se le atraviese: el presupuesto, la nómina e incluso, los cuerpos de los funcionarios que laboran en las entidades.

Lo del defensor es vergonzoso desde todo punto de vista, no solo porque aprovechando el poder ejercido desde su cargo y sintiéndose todo poderoso, ha acosado laboral y ahora descubrimos que, también sexualmente, a sus subalternos. 

Mas allá de lo anterior, hay que anotar que Otálora es apenas un ejemplo de lo que ocurre dentro de un círculo de poder en el que él se ha desenvuelto toda su vida y que en los pasillos del poder es un secreto a voces; secreto que, lastimosamente, forma parte de la cultura del ejercicio de lo público en Colombia y que por ser tan cotidiano, hace parte de los imaginarios institucionales de la burocracia nacional.

Ya otros periodistas, como Salud Hernández-Mora, han denunciado en el pasado lo que son los famosos roscogramas del poder judicial en nuestro País y no es una mera coincidencia que Otálora, quien es producto de las entrañas de ese monstruo de poder agazapado que es la Rama Judicial, se comporte como lo hacen históricamente sus congéres detentadores de poder público. 

Siempre hemos sabido que las amantes de los magistrados ocupan cargos en las delegadas de procuraduría o auditoría y, hasta terminan siendo cónsules u ocupando altos cargos del Estado cuando los magistrados hacen “favorcitos” al gobierno de turno.

Ese círculo en el que se formó, creció y se desarrolló Otálora, siempre ha usado el poder para; entre muchos otros abusos, seguir profundizando y acentuando una cultura machista que trata a la mujer como un objeto que se mantiene cautivo y amarrado al poderoso que la protege mediante el uso indebido de su poder, manteniéndola en un cargo de alta remuneración, a cambio de permanecer disponible a atender los requerimientos sexuales de su protector.

El asunto no es nuevo, hace parte de una forma de ser en la que los funcionarios buscan llegar a sus cargos, no para servir, como se supone que debería ocurrir. Lo hacen para ostentar a costillas nuestras, lo que en el ámbito privado nunca podrían tener: desde carros blindados, escoltas, conductores, homenajes, cuotas burocráticas, pasando también por negocios, comisiones por la contratación, llegando hasta la posibilidad de nombrar una atractiva mujer para exhibirla como trofeo desde una secretaría privada y pretender accederla sexualmente, todo pagado por los contribuyentes a quienes nos pretenden tramar con la selfie estúpida de un ministro diciendo que viaja en clase económica porque estamos en austeridad.

Es una cultura dañina y perversa esa a la que pertenece Otálora y es una realidad de toda la vida: quienes hemos lidiado con ella, recordamos a un famoso Ex Fiscal, cuya debilidad -casualmente- por su secretaria privada, era conocida por toda la institución y de muchos otros poderosos funcionarios públicos, cuya satisfacción sexual pagamos todos los contribuyentes a partir del uso de la nómina oficial para que, abusando del cargo, mantengan atadas a sus esclavas sexuales. 

Mucho nos falta por profundizar y sobretodo, visibilizar este fenómeno, para poder asi trabajar en desmontar la tendencia dañina de cosificar a muchas mujeres que, sin alternativa diferente (porque en Colombia el empleo es un mercado de favores e intrigas), terminan sometidas como esclavas sexuales de un político, un magistrado, un ministro o cualquiera que pueda usar sus influencias para asegurarle un empleo o una carrera en la administración pública.

Otálora se debe ir y punto. No podemos seguir discutiendo si es o no un acosador basados en la coartada que argumenta como el tinterillo que es, de si tenía o no una relación con su denunciante. Resulta que de ser cierta su afirmación, cosa que niega la víctima, a quien le creo mas que a él, el Defensor habría usado su cargo para nombrar a su novia o peor aún, se habría aprovechado de su cargo dominante, para acceder sentimental y carnalmente a una funcionaria, cuya nómina pagamos todos los colombianos.

Los países escandinavos, en donde se creó la figura del Ombudsman, que nosotros copiamos como Defensor del Pueblo, buscaron crear una institución en la cual, la solvencia moral, el peso especifico personal de quien ocupa ese cargo, fuere de tal entidad que represente a toda la sociedad y poder defenderla de cualquier abuso cuyo trámite no tenga una vía judicial expedita e inminente para atajar cualquier vejamen que pueda ocurrir contra sus asociados.  

El Ombudsman es una persona de tal relevancia ética, que su sola voz debe bastar para que en un pronunciamiento, la sociedad se conmueva y haga que cualquer poderoso abusador corrija el rumbo por pura presión del peso moral ejercido por el Ombudsman, por eso, sus funciones y atribuciones jurídicas son prácticamente nulas, porque su fuerza está en su prestigio moral y ético.

¿Será que un hombre como Otálora, quien aprovechando el poder que representa su cargo pretende a sus subalternas para accederlas sexualmente, enviándoles fotos de su pene, puede seguir siendo el Ombudsman colombiano?