Por: Julián Wilches (en twitter: @julianwilches)

En la bola de cristal se ve que en el 2016 los narcotraficantes tendrán un negocio particularmente lucrativo por cuenta de la devaluación del peso y la demanda persistente de cocaína. Entre otras cosas, también es posible ver que, además de las dos guerras que ya declaró el alto gobierno contra la minería ilegal y el hurto de celulares, se avecina otra contra el nuevo enemigo: el microtráfico. 

A partir de las tendencias de los últimos años, la evidencia, la coyuntura de lo que será el 2016 y un ejercicio que mira al futuro próximo, se presentan a continuación algunos temas que podrían estar en la agenda de la política de drogas en los próximos meses y la forma en que dichos temas se comportarían. Muchos otros temas se quedan por fuera pero ya irán surgiendo en este y otros espacios.

La economía de los narcotraficantes irá viento en popa

Los hechos son que el consumo de cocaína en Colombia y países como Estados Unidos, Brasil y los europeos crece o se mantiene en los niveles tradicionales (altos). Además las organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico están produciendo muy barato (con mano de obra local que mantienen en niveles de miseria en las zonas cocaleras) y cobrando en dólares, en un contexto de una fuerte devaluación del peso.

Para ilustrar cuán rentable resulta la devaluación del peso para un narcotraficante veamos el siguiente ejemplo:

En el 2014 Colombia produjo aproximadamente 442 toneladas de cocaína. Cada kilo de cocaína se vende, en el mercado local, en USD$2.300 dólares. Es decir, 442 toneladas equivalen a un ingreso bruto de los narcotraficantes de más de mil millones de dólares. Esto, claro, debe repartirse entre muchas manos pero el campesino que cultiva coca se queda con alrededor del 0,5% mientras que los grandes delincuentes (incluidos los de cuello blanco) se quedan con el resto.

En enero de 2015 esta cifra equivalía a 2.2 billones de pesos. En enero del 2016 la misma cifra representa 3.3 billones de pesos, es decir, unas ganancias adicionales de alrededor del 50%.

Así las cosas, las organizaciones criminales que negociaron la cocaína en enero del año pasado y reciben su pago en enero de 2016 (hay que tener en cuenta que este pago puede tardarse hasta dos años), después de haber descontado todos los gastos, son, al menos, 1.1 billones de pesos más ricas, únicamente por cuenta de la devaluación del peso. ¿Los ministros Cárdenas y Villegas habrán hablado sobre esto?

Cambiaremos la “guerra contra las drogas” por otras varias guerras

Pocos parecen sentirse cómodos en la actualidad hablando de la “guerra contra las drogas”. En su lugar se ha optado por promover nuevas guerras, acudiendo al viejo truco de “securitizar” problemas complejos para tratarlos a punta de policía y cárcel, cuando requerirían intervenciones más complejas.

Ejemplo de esto son las nuevas guerras contra la minería y el hurto a celulares (¿en verdad a alguien se le ocurre declarar la guerra contra el hurto de celulares?). En el caso de la minería, por ejemplo, vendrían mejor otras aproximaciones que promuevan el desarrollo integral en los territorios donde hoy las organizaciones criminales controlan este negocio. En lugar de eso, el alto gobierno prefirió declararle la guerra a la minería.

Algo similar ocurre con el microtráfico, el nuevo enemigo, como le han llamado. Sin duda el tráfico de drogas en menores cantidades es una fuente de recursos para muchas organizaciones criminales. Pero eso no explica el fenómeno criminal en Colombia, ni explica los cinturones de miseria en las ciudades, ni la falta de oportunidades para un segmento mayoritario de la población. Creer que todos los problemas de una sociedad nacen y se reproducen por cuenta de lo microtraficantes es, cuando menos, ingenuo. Cambiaremos entonces “la guerra contra las drogas” por “la guerra contra el microtráfico”, reproduciendo un esquema que lleva fallando 100 años.

Y completando el panorama de las guerras que habrá en Colombia en el 2016 está ese nuevo enfoque a partir del cual es posible combatir a las organizaciones criminales en el marco del Derechos Internacional Humanitario, el cual, a grosso modo, se aplica en los conflictos. Con esto se abre la puerta para que las fuerzas militares tengan una actitud ofensiva y empleen con las organizaciones criminales los medios y métodos de guerra que hoy se usan con las guerrillas.

Estos enfoques de “guerras” son insuficientes, pues no solo distraen la atención y evitan que se aborden otros problemas sustanciales, sino que además no solucionan el problema, agravando la situación desde varias perspectivas. Esto también desconoce las dinámicas tanto de las organizaciones criminales como de los territorios y las poblaciones. Por ejemplo, seguramente este año por fin caerá (preso o abatido) alias “Otoniel” pero esto no es suficiente para solucionar de fondo la situación en el Urabá antioqueño y chocoano, donde de hecho se están formando alianzas criminales entre Farc, ELN y el clan Úsuga.

Otra consecuencia de este enfoque de las “guerras” es que se asignen mayores recursos a las fuerzas militares y de policía sin antes hacer una revisión profunda de los problemas de corrupción que tienen estas instituciones, problemas sobre los cuales se habla poco, se analiza menos y se corrige nada.

Reducir el delito y combatir a las organizaciones criminales es absolutamente necesario pero parece que en 2016 continuaremos unas tendencias sobre la forma de hacerlo, que ya han fallado en el pasado y que podrían tener los mismos resultados este año.

Vendrá el guayabo de la Asamblea de Naciones Unidas

Muchas esperanzas se han puesto en lo que podría ocurrir en la Sesión Especial de la Asamblea de Naciones Unidas del 2016 (Ungass 2016) que tratará exclusivamente sobre las drogas. Los mayores avances podrían ser dos: que haya una mayor flexibilidad para interpretar las convenciones internacionales sobre drogas, y que se rompa el consenso que ha habido alrededor de estas convenciones.

Es decir, no será en la reunión de la Asamblea en la que ocurrirán los cambios que debe tener el régimen internacional de drogas. Y quienes esperan la Ungass 2016 como un punto de llegada, tendrán al día siguiente ese guayabo que viene después de la euforia.

Ahora bien, que se rompa el consenso y que se flexibilicen las interpretaciones de las convenciones no es un asunto menor. Esto pone en evidencia que la Ungass es un elemento más en un proceso largo para modificar la política de drogas internacional.

Con estos dos resultados entonces los países y la sociedad civil tendrán que resolver qué nuevas alternativas existen y qué significa tener una interpretación más flexible de las convenciones. Para Colombia y la región esto representa una oportunidad enorme para corregir el rumbo de la “guerra contra las drogas”.

Leyes y política, distintas formas de hacer la tarea

Los acuerdos de La Habana implicarán varias reformas legislativas en lo relacionado con las drogas. Esto representará un debate interno entre quienes propondrán “hacer lo menos”, es decir justo aquello que se haya pactado, y quienes promoverán que se aproveche la coyuntura para hacer modificaciones sustanciales más integrales. Un nuevo estatuto de drogas está sonando hace varios años y las necesidades de reformas de fondo son latentes.

Mientras eso se decide, los momentos más interesantes en materia normativa y legislativa vendrán con el tercer debate del proyecto que regula algunos aspectos de los usos medicinales y científicos de la marihuana y con la regulación que deben expedir el Consejo Nacional de Estupefacientes y el Ministerio de Salud, derivadas del reciente decreto del Gobierno sobre esta misma materia. Aún son muchos los vacíos y aunque se empezó la tarea que estaba pendiente hace 30 años (sí, la ley 30 de 1986 establece que el Gobierno debe regular los usos médicos y científicos de los estupefacientes) aún queda un largo trecho por delante.

De otro lado, algunos grupos sociales continuarán llevando al plano internacional las discusiones que antes eran locales. Los cultivadores, por ejemplo, se organizaron en una plataforma internacional y desde ahí aportan insumos para el debate global, a través de lo que se ha llamado la Declaración de Heemskerk (documento firmado en Holanda por alrededor de 60 cultivadores de coca, amapola y cannabis de 14 países, incluido Colombia).  

En cuanto a la política de drogas, es posible que la judicatura siga siendo un buen tomador de decisiones: finalmente fue una decisión judicial la que determinó la dosis personal o la finalización de las aspersiones aéreas, por mencionar dos ejemplos.

De otro lado, se prevé que el incremento de cultivos de coca y el potencial de producción de cocaína continuarán su tendencia, frente a lo cual habrá quienes revivan el debate sobre el uso de la aspersión aérea como herramienta para controlar la producción. Esto a pesar de que se ha probado que las dinámicas de la producción de cocaína responden más a otros incentivos que a estos de la aspersión y la erradicación manual. En fin, habrá quienes después de 25 años de aspersión aérea y sólo 3 meses de ausencia de ella, afirmen que el actual problema de las drogas se debe a estos últimos 3 meses sin glifosato en las selvas del Putumayo, Nariño, Guaviare o Chocó.

En ese momento el Gobierno deberá sacar la bandera de la nueva Agencia para la Renovación Territorial (ojalá no la vayan a nombrar por su sigla: Arete) que sigue aún sin mucha definición. Es más, a la fecha no se conoce el documento que se anunció en septiembre con la “nueva política de sustitución de cultivos ilícitos”. Esta Agencia tiene el reto de ser novedosa, ingeniosa, de no estar concentrada en las discusiones en Bogotá sino en las regiones, y de preparar el terreno para responder a lo acordado en La Habana de forma eficiente.

Lo que no se ve en la bola de cristal

Por estar en una zona gris, la bola no ve con claridad hasta qué punto el Presidente Santos se la va a jugar por bajarse de la bicicleta estática (así le ha llamado él a la política de drogas en la que se hacen muchos esfuerzos pero no se avanza) y montarse en el tren de los derechos humanos y la salud pública como formas de abordar el tema de las drogas.

Tampoco se ve con claridad cuál será el rol de las Farc en la implementación de los acuerdos de La Habana en materia de drogas. Hay quienes sostienen que las Farc deben, de un lado ejecutar varios de los programas en los territorios, y del otro lado cooperar con el desmantelamiento de las organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico y el lavado de activos. Otros afirman que la implementación de los acuerdos debe ser plenamente realizada por el gobierno y que las Farc se niegan del todo a tener un “cartel de los sapos” como condición para la firma de la paz.

Amanecerá y veremos.