Por Juan Carlos Garzón (@JCGarzonVergara)

Mientras Colombia tiene ante sí la posibilidad de terminar el conflicto con las FARC, de manera contradictoria el Estado está declarando nuevas guerras y abriendo frentes de batalla - identificando al crimen organizado como la nueva amenaza. La respuesta institucional a los problemas de seguridad y las economías ilegales sigue atrapada en el lenguaje y la lógica de la confrontación armada. Se requiere de una respuesta más inteligente y eficiente, que permita una relación distinta con los territorios.  

En medio de la celebración de los 15 años del Plan Colombia – sí leyó bien, celebración - ha habido un intenso debate sobre sus resultados. Apelando a un argumento contra-factual, unos señalan que si no fuera por el Plan, el destino irremediable de Colombia hubiera sido el Estado Fallido. Habría que señalar a favor de esta postura que en el momento en que se acordó el Plan, el deterioro de la seguridad era evidente, con más de una decena de frentes de las FARC que estaban a menos de 150 kilómetros de Bogotá.

Otros, siguiendo al pie de la letra los objetivos del Plan, argumentan que mientras que los avances en el terreno de la seguridad fueron significativos, en términos de la disminución de la oferta de drogas el balance no fue el esperado. Ni el Plan Colombia fue la cura para nuestro Estado fallido, pero tampoco el origen de todos los problemas del país. Al evaluar el Plan, un par de preguntas quedan en el aire ¿Cuál dimensión del Estado fue la que se fortaleció y en qué territorios? ¿A qué costo? y ¿cuáles fueron realmente los beneficios?

Como bien lo señala Gustavo Duncan, en Colombia la guerra contra las drogas – que tuvo al Plan Colombia como su hoja de ruta – más que evitar que unos criminales exportarán cocaína, buscó impedir que organizaciones criminales gobernarán importantes pedazos de la sociedad. Por esta vía, la supervivencia del Estado y la lucha contra el narcotráfico fueron sinónimos. La estrategia antinarcóticos terminó siendo la brújula del Gobierno central para intervenir extensos territorios que, de no haber sido por la coca, hubieran pasado desapercibidos. El punto de partida fue que tras el control territorial de la Fuerza Pública, vendrían las demás instituciones del Estado. Pues bien, en algunas zonas del país nunca llegaron.

Sin duda el Plan Colombia fortaleció el aparato coercitivo, dando más capacidades a las Fuerzas Militares y a la Policía. También es cierto que inclinó la balanza estratégica de la confrontación armada a favor del Estado. Sin este viraje difícilmente hoy las FARC estarían negociando en La Habana con el gobierno nacional. Como lo ha afirmado María Victoria Llorente, directora de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), la cuestión es que mientras que se avanzó en golpear las grandes estructuras del narcotráfico y en replegar a la insurgencia, se hizo muy poco por alterar las condiciones de fondo. Los actores ilegales cambiaron y se transformaron. Las regiones siguieron igual: aisladas y con baja presencia institucional.

En un país como Colombia se puede entender que el fortalecimiento del Estado haya tenido como prioridad la seguridad y el aumento de las capacidad del aparato coercitivo. Lo que es difícil de aceptar es que este sea el centro de gravedad y el modelo de consolidación estatal. Aún más difícil de tragar, es que la formula se repita en clave de posconflicto, abriendo otros frentes de guerra con nuevos enemigos.

Resulta contradictorio que mientras el país está haciendo enormes esfuerzos para poner fin a la confrontación armada con las FARC, se prolongue la guerra en otros frentes – contra el microtráfico, la minería ilegal o el contrabando. Hace pocas semanas las Fuerzas Militares bombardearon un campamento de una organización criminal conocida como el “Clan Úsuga”. Días más tarde la Fiscalía emitió un concepto favorable a esta acción, enmarcándolo en el Derecho Internacional Humanitario. Recientemente el presidente Santos aseguró que el Estado ganará la “guerra contra el crimen organizado”.

Así las cosas, como lo muestra el reciente informe de la FIP, “Economías criminales en Clave de postconflicto”, todo parece indicar que mientras Colombia tiene ante sí la posibilidad de terminar la guerra con las FARC, la confrontación armada asumirá nuevas formas y narrativas.

El presidente Santos en su reciente visita a Washington DC afirmó: “Terminar la guerra es el paso más importante en la defensa de los derechos humanos. La guerra es una fábrica de víctimas”. En consecuencia, el Estado necesita una manera más eficiente e inteligente de responder al narcotráfico y al crimen organizado, que apunte a cambiar las condiciones favorables en las que este surge.

La Paz Grande como la denominó el jefe negociador del Gobierno en La Habana, Humberto de la Calle, también pasará por generar las condiciones para el restablecimiento del rol de las Fuerzas Militares, no abriendo nuevos frentes de batalla, sino delimitando su intervención a situación específicas. Implica además, poner fin a la guerra contra las drogas, afectar las redes de corrupción local y construir un sistema de justicia en el que confíen los ciudadanos.

La confrontación armada ha sido funcional para un Estado que se acostumbró a señalar a la guerrilla como la principal barrera para su llegada a los territorios. Una de las ganancias notables del proceso de paz es que ha expuesto la incapacidad de las instituciones de integrar a extensas zonas del país. Esperemos que el crimen organizado no se vuelva la muletilla para seguir conectando la política con las armas o la nueva clave para entender la relación del Estado con regiones que han sido históricamente ignoradas por el gobierno central.