Se registran avances aunque el resultado es incierto

No somos cabalmente conscientes de que el conflicto armado colombiano es una notable anomalía para un país que carece de pugnas religiosas o étnicas; basta para el efecto señalar que el nuestro es el único que persiste en este continente. Tres razones podrían explicar esta situación: 1) como ha durado muchos años, nos hemos acostumbrado a su ominosa presencia; 2) al ocurrir en zonas remotas del país, para muchos de nosotros no pasa de ser una incómoda presencia virtual en los noticieros de la noche; 3) la estabilidad económica y social del país no se encuentra amenazada.

Transcurridos varios meses de conversaciones en La Habana los avances son pocos; apenas hay acuerdos provisionales sobre la política rural, que, siendo fundamental, es apenas uno de los cinco capítulos de la agenda estipulada. Están pendientes de discusión asuntos tan complejos como la reparación de las víctimas (respecto de lo cual hay indicios alentadores: las FARC han reconocido, por primera vez, su responsabilidad en actos de barbarie), el abandono de las armas, el desmantelamiento de los cultivos ilícitos y la participación en política de los alzados en armas. Entre tanto, los  cotidianos discursos maximalistas de la guerrilla han ido creando un clima de desconfianza ciudadana sobre los resultados del proceso que no logran contrarrestar las declaraciones del presidente y el jefe del equipo negociador en el sentido de que se avanza bien en la mesa de negociaciones.

Esta situación ha cambiado de manera significativa como consecuencia de la determinación del presidente Santos de presentar un proyecto de ley estatutaria que haga posible la realización de un referendo popular de naturaleza constitucional para validar los acuerdos a los que eventualmente se arribe en fecha que puede coincidir "con otros actos electorales", lo cual en la actualidad, está prohibido. Que las FARC hayan decretado "una pausa" -así la denominaron- en las conversaciones apenar conocieron esta iniciativa es síntoma claro de que no fue consultada con ellas. Y que su retorno vaya a darse de manera expedita demuestra que aceptan que no hay marcha atrás.

Veamos las razones determinantes de que esta determinación, que a muchos puede parecer trivial o abstrusa, sea de enorme importancia.

La ley que convoque al pueblo al referendo aprobatorio del eventual acuerdo debe contener el texto de este, a fin de que los ciudadanos podamos votar sí o no sobre el mismo; en consecuencia, aunque de manera tácita, se le ha puesto un límite temporal a las negociaciones de paz. Estas tendrían que haber finalizado con varios meses de antelación a las elecciones de congreso de marzo próximo, o de presidente que tendrán lugar en abril, para que haya tiempo de que se surtan los debates políticos que promoverán amigos y adversarios de la iniciativa, y se cumplan las formalidades que correspondan ante la Registraduría.

El referendo aprobatorio del acuerdo no era la opción propuesta por la guerrilla; esta había exigido la convocatoria de una asamblea constitucional en la que habría participantes suyos que ellos escogerían autónomamente. En el plano conceptual el gobierno había rechazado, vía de la Calle, esta alternativa. Pero ahora ha creado un hecho político que la niega: si hay referendo no puede haber constituyente; son mecanismos que se excluyen uno al otro.

Como las FARC han decidido regresar a la mesa, es evidente que han validado en la práctica el acotamiento de los tiempos del proceso y el mecanismo de validación popular del acuerdo que se logre. Son avances importantes así sus voceros sigan defendiendo las posturas tradicionales. Habría que entenderlos: tienen que cuidar las relaciones con sus jefes y militantes, y simular que no han cedido terreno en un aspecto fundamental.

Habrá de destacarse que el referendo para finalizar la confrontación armada sería de carácter "constitucional", no meramente "legal". ¿Qué significa esto? Que se tiene la intención de realizar modificaciones, así sean de vigencia temporal, a la constitución; podemos anticipar, por lo tanto, que se le otorgarían a la guerrilla, una vez desmovilizada, cupos "a dedo" en el congreso, quizás no desde el comienzo de la legislatura que comienza en julio del 2014, porque, no habría tiempo de que se surtan los trámites necesarios, pero si en algún momento posterior.

La aprobación de reformas a la constitución por vía de referendo requiere el voto afirmativo de más de la mitad de los sufragantes; igualmente que el número de éstos exceda de la cuarta parte del total de ciudadanos que integran el censo electoral. La existencia de un "umbral" alto -un número mínimo de ciudadanos que participen en los comicios, sea cual fuere el sentido de su voto- es una de las razones que mueven al Gobierno a pretender que se establezca la posibilidad de que la votación del referendo pueda coincidir con otra justa electoral. Sin duda, está buscando que las elecciones de comienzos del año entrante "arrastren" el respaldo popular al acuerdo con la guerrilla.

Dado que la ley que permitiría la celebración simultánea del referendo para acordar el fin del conflicto con otros eventos electorales es de carácter estatutario, requiere revisión constitucional previa; de otro lado, la convocatoria del hipotético referendo aprobatorio debe preceder, por razones legales y prácticas, en varios meses a su celebración.

Por todas estas circunstancias la realización del acuerdo, su refrendación popular y la elección del próximo presidente han quedado inexorablemente unidos. Se dirá por los adversarios del proceso que este modo de proceder lo "politiza". Es inevitable que así suceda. Desde los albores de la humanidad sabemos que no hay asunto más importante para cualquier sociedad que hacer la guerra o pactar la paz. No será esta la primera vez que las elecciones presidenciales giran en torno a las FARC: Pastrana las ganó en su momento con la promesa de pactar con ellas el fin del conflicto; Uribe con el objetivo de derrotarlas. Para bien o para mal quedamos, de nuevo, atrapados en el mismo dilema. Ojalá la sociedad colombiana logre tramitar con madurez estas discrepancias y tenga conciencia de que ellas son inherentes a la democracia.

Es inevitable que la refrendación popular de los acuerdos preceda en el tiempo a su implementación; por consiguiente, los debates respectivos se adelantarían cuando las FARC todavía estén armadas (no es concebible que depongan las armas cuando aún es incierto el resultado del proceso). Sin embargo, como no puede aceptarse que actores armados participen en las contiendas políticas -la funesta combinación de las "formas de lucha"- resultaría imperativo pactar una tregua mientras se surten las elecciones de Congreso, Presidente y referendo ratificatorio del hipotético acuerdo.

Los retos políticos y logísticos de este pacto previo al acuerdo para finalizar el conflicto son enormes: ¿Quien verificaría su cumplimiento? ¿Cuáles serían las consecuencias de posibles infracciones? ¿Cuál sería el impacto de una tregua bilateral en la moral de la Fuerza Pública si siguen presentándose ataques contra las tropas? Estos difíciles problemas no se podrían afrontar sin la participación de los países que acompañan al proceso. Entre ellos se encuentra Venezuela, un actor que genera grados elevados de polarización y desconfianza en Colombia.

Sería menester, nos parece, que Chile y Noruega sean los facilitadores y garantes en esa fase del proceso. Convendría también en esa hipótesis la participación de Naciones Unidas; tal vez sea prudente, para garantizar su buena voluntad, moderar cierto lenguaje altisonante sobre el fallo de la Corte Internacional de Justicia que definió las fronteras marítimas entre Colombia y Nicaragua: no se olvide que la Corte es parte del sistema de Naciones Unidas.

Como conclusión de lo anterior podría decirse que, si bien se registran avances incuestionables, el resultado final sigue siendo incierto.