Hay una columna de Antonio Caballero que es difícil de rastrear porque no está en internet. En ella el escritor y dibujante cuenta que va manejando un carro y, sin motivo aparente, es detenido por un policía para una revisión de rutina. El agente de tránsito pide los papeles del automóvil y pasa revista a todo lo que el código de tránsito señala, desde el certificado de gases vigente hasta las últimas dos aspirinas del botiquín. El carro cumple con todo pero, al final, antes de devolver los papeles, el policía se queda mirando la licencia de conducción y señala que ahí dice que debe conducir con gafas. Caballero dice que se hizo operar los ojos y que ahora ve mucho mejor, el policía le pide el certificado de la operación. Caballero dice que no anda con ese papel pero que si el policía quiere él le puede demostrar que ve lo suficientemente bien, podría decir en voz alta los números de las placas de los carros que vienen o leer la letra menuda de un documento. El policía dice que el carro queda retenido y que se lo va a llevar para los patios. Caballero no hace o sugiere algo para impedirlo, no usa el clásico y taimado “Dígame, ¿cómo podemos arreglar?”, o el vigente y altanero “¡Usted no sabe quien soy yo!”. Caballero se queda de patas en la calle viendo como su automóvil se lo lleva una grúa. Sin remedio, nada que hacer.

Este caso muestra el alcance del imperio de la ley, si una autoridad quiere detener a un ciudadano, lo puede hacer. Pareciera que solo basta un rastreo minucioso y, bajo el rigor en pleno de una operación reglamento, todos podemos ser encontrados culpables de algo que hicimos o dejamos de hacer. Ahora bien, a Caballero lo detienen, en apariencia, porque va manejando un carro, nada más, y la revisión exhaustiva y retención final de su vehículo es un hecho sin relación directa con su labor de escritor y dibujante, o de crítico del poder en Colombia desde sus columnas y caricaturas. Pero, ¿qué pasa cuando el Estado quiere detener y mantener detenido a alguien que sí quiere detener?

Hace dos semanas estallaron dos bombas en Bogotá y una semana después el director de la Policía, Rodolfo Palomino, anunció: “Capturamos 13 personas integrantes del ELN quienes perturbaron la tranquilidad de los bogotanos hace una semana”. El Presidente Santos se sumó a la trinadera: “Capturadas 11 personas del ELN responsables de petardos en Bogotá. Felicitaciones a @PoliciaColombia y @FiscaliaCol -Pagarán por atentados!”

Los que pusieron las bombas, los terroristas, venden miedo y los ciudadanos, sobre todo en las capitales, compramos seguridad. La ansiosa ley de oferta y demanda del mercado miedo-seguridad ha sido saciada por el Estado, al menos en primera instancia, pasada una semana del susto, a manera de calmante, la gente de bien recibió un titular apaciguador.

Sin embargo, la noticia apaciguadora no lo es tanto. Primero fueron anunciados 15 detenidos, luego 13, ahora van en 11. Hasta hace unos días la detención de todo el grupo era por los atentados de la semana pasada y por ser parte de una unidad de la guerrilla del ELN, ahora el grupo se dividió en dos. Un grupo de tres personas fue detenido por atentados previos que al parecer tienen una conexión directa con los de la semana pasada, y otro conjunto de diez capturados que están relacionados con una protesta en la Universidad Nacional el 20 de mayo pasado y con la fabricación y distribución de explosivos, “papas bomba” usados en enfrentamientos con la Policía. A dos personas las soltaron, eran un par de estudiantes de arte de la Universidad Nacional que solo estaban en uno de los sitios que fueron allanados.

La Fiscalía señala que Paola Salgado, una de las detenidas en el segundo grupo, quien por su trayectoria como abogada y activista ha tenido más resonancia, "fue una de las personas que ingresó a la Universidad Nacional las papas explosivas usadas en la protesta". En otra de las pruebas, que se entregan a cuenta gotas, hay una conversación entre ella y Heiler Lamprea, estudiante y Representante estudiantil ante el Consejo Superior de la Universidad Pedagógica Nacional, donde dicen:

— Quiubo ¿cómo va?
— ¿Con quién hablo?
— Con Paola del grupo de estudio II de la tesis de grado.
— Oiga despiértese, ¿se acuerda que quedamos de vernos en la tarde?
— Pues el profesor puede solo en la tarde, entonces ¿dónde nos vemos?
— En la panadería cerca a la Nacho, donde nos vimos la otra vez.

Todas las pruebas mencionadas hasta ahora incluyen este tipo de escuchas telefónicas, muchas de ellas hechas a partir de información en tarjetas SIM de un celular que nunca llegó a explotar en un atentado fallido y de donde se rastrearon todas las personas llamadas y por llamar. La Fiscalía muestra esto ante el Juez de Garantías en presentaciones de Power point que dan cuenta de reuniones, y con flechitas rojas hacen esquemas, relaciones y mapas.

En su exposición, la Fiscalía relaciona, por ejemplo, al “profesor” de la conversación entre Lamprea y Salgado con David Camilo Rodríguez Hernández, alias “El profe”, uno de los tres detenidos del primer grupo. A esto se suma la revisión de páginas de Facebook de muchos de ellos y una colección de más de 200 objetos obtenidos en allanamientos a las personas capturadas: ejemplares sueltos de revistas de grupos guerrilleros, libros como Actores armados y Población civil del profesor Mario Aguilera y la cartilla Carta del Che a Fidel, celulares, computadores, memorias USB, agendas, boinas, un par de prendas de vestir de moda tipo camuflado, algunos pasamontañas, un overol. A manera de rumor, en una entrevista de radio, unos periodistas le dicen al esposo de Salgado que ella tenía imágenes del Camilo Torres, “el cura guerrillero”, en el muro de su casa, o en el muro de su Facebook, y que esto se suma al acerbo probatorio que la vincula a ese grupo guerrillero. Por otro lado, el Noticiero Noticias 1, menciona que los nombres y apellidos de alias “El profe” coinciden con alguien que fue identificado como exmiembro de la Policía Nacional hace seis años cuando en una redada de las autoridades venezolanas fueron capturados cuatro colombianos a los que se acusó de ser espías en ese país al servicio del DAS. Mientras tanto, afuera del juzgado, hay protestas y algunos de los familiares de los detenidos hablan sobre ellos, los allanamientos y lo que esperan de la justicia:

En una ciudad llena de cámaras públicas y privadas, en la evidencia que se ha hecho pública hasta el momento no hay ni fotos ni videos explícitos. La Fiscalía y la Policía señalan que este es el resultado de una operación que comenzó el año pasado cuando inició el seguimiento a estas personas, las del primer grupo, pero lo mostrado se limita a audios editados y cifrados en charlas coloquiales más unas cuantas fotos difusas. Por su lado, el día de la detención, la Policía mostró con orgullo su operativo "por tierra y aire" ante los medios, un video de la captura de alias “El Profe” en que un policía le ponía un pistola sobre la espalda a alguien que ya estaba rendido en el piso y otro video de un helicóptero de la Policía supervisando desde el cielo ese mismo operativo, un vuelo que incluyó como invitados a varios periodistas. La superproducción de ambas acciones de captura contrasta con la invisibilidad y parquedad de las evidencias de la investigación previa. Tal vez la prueba reina, las pruebas visuales contundentes, los audios, fotos y videos comprometedores, las están guardando para después, para cuando los numerales #falsopositivojudicia, #estamosconpaola, #lafiscaliaandaescuchando o #LibertadSonInocentes, suban como tendencia nacional y se los pueda contrapuntear con evidencias que le pongan la cara al santo y hagan ver, por fin, el milagro de la culpabilidad.

Si Salgado llevaba esas 810 “papas bomba” en cajas selladas dentro del baúl de su carro ¿por qué no la detuvieron en flagrancia cuando entró a la Universidad Nacional? Aún cuando parte de ese material fue incautado en una de las protestas, ¿por qué la Fiscalía prefirió dejarla actuar sabiendo que el resto del material podría causar daño?, ¿dejaron escapar al pez para que los llevara al cardumen? Claro, estas preguntas, planteadas así, son tramposas, como casi todo lo que he citado con anterioridad, lo que se ha mostrado no es un mero “material”, casualmente esparcido ante sí, con absoluta objetividad, no tocado por manos humanas. Al contrario. Todo ha pasado por muchas manos y denota los efectos del uso.

Para manipularlo hay que usar las muletilla periodísticas de rigor, todas las conjugaciones de la palabra “presunción”: decir “tal vez”, “es posible”, “versiones indican”,  “podría”, todos esos términos que bien le habrían venido a Santos y a Palomino en sus trinos iniciales y que ahora, como servidores públicos, deberían enmendar para retrinar una rectificación.

La Fiscalía, con más cautela para presentar la información, en algo rectificó y señaló que no hay relación entre el grupo de los 10 detenidos, el ELN y las dos bombas recientes en Bogotá. Sin embargo, esta puesta en escena dubitativa le resta impacto al titular mediático inicial, contundencia, y aun cuando existe la posibilidad de que los que pusieron las cargas explosivas anden sueltos por ahí, primero está la realidad de la prensa, la percepción, y luego el mundo, así vuele de nuevo en pedazos, por ejemplo, con las tres toneladas del explosivo Anfo y los 4.500 estopines que desaparecieron hace poco de la custodia del Batallón militar Fernando Landazábal Reyes, al sur de la capital, una noticia reciente, pero opacada por el “Quince capturas por atentados en Bogotá”.

Volvamos a la columna de Caballero, la autoridad nos detiene, lo hace en una operación de rutina, razonable, es por "nuestra seguridad", pero luego, en la observación desmedida de una minucia, es claro que el Policía nos quería detener, no había nada qué hacer. Solo que ahora la detención no se limita a un certificado faltante y a la retención del automóvil, sino que el auto de detención y el móvil personal se cifran en un conjunto inmenso de datos que inevitablemente todos vamos dejando por ahí: una conversación telefónica y el posicionamiento geográfico desde donde fue hecha, una foto que se comparte en Facebook, un “like”, los mensajes de “whatsapp”, una “selfie”, la predicción de lo que se está buscando o escribiendo a partir de las búsquedas en google, un archivo que se descargó —con o sin conocimiento— y quedó alojado en el disco duro del computador con una IP del trabajo o del hogar, el retiro de dinero de un cajero en un lugar cercano a un atentado, todas la compras facturadas, el error en una declaración de impuestos, una opinión en un foro, video o blog (recordar el caso de la detención de Nicolás Castro y su comentario en un muro de Facebook en que se amenazaba al hijo de un presidente). Todo lo que hacemos produce una maraña de datos —“Big data”— que en cualquier momento puede sumarse a una investigación. La revolución de los datos masivos, un patrón dinámico que muestra el mundo digital como un lugar más abierto para la interacción tiene su contrarevolución: los mismos datos que nos liberan, que nos agrupan, que nos dan acceso a contenidos casi ilimitados, generan información que pueden contribuir a nuestra detención.

En términos informáticos, lo que sigue es mejorar el sistema, usar más algoritmos y tener, por ejemplo, una mejor colaboración con la DEA que ya rastrea todo el tráfico de internet de Colombia, como lo acaba de revelar una filtración de datos de unos "hackers" activistas que "hackearon" a unos "hackers" tan corporativos como mercenarios. Incluso, la firma hackeada, la cuestionada Hacking Team, fue la misma que le vendió el software de espionaje a la Policía Nacional en una dudosa operación comercial.

El Estado también podría contratar  artistas para la nómina de la Fiscalía y la Policía —sobre todo a novelistas, twiteros, fotógrafos, editores de audio y video— para que mejoren la narración, la hagan más fluida, logren generar una trama que sea capaz de romper una voluntad rebelde en un acto privado de coerción, o para que le de más verosimilitud y el montaje gane viralidad. Y una vez se haga público el producto final, la justicia mediática pueda vender el caso de manera tan concluyente que no habrá defensa posible ni presunción de inocencia, solo juicios de oficio.

Partamos de la base de que en este día y época todos somos culpables. Sí, ya lo decía Kafka en El proceso,  a comienzos del siglo XX, solo que ahí, por ser una exageración literaria, no había necesidad de mostrar las pruebas de la culpabilidad. En la vida real sí son necesarias las pruebas pero eso ya no es un problema solo de investigación judicial sino de producción, poco importa si la persona es uribista, santista, petrista, militar, paramilitar, guerrillero, ciudadano de derecha, de centro o de izquierda, nacional o extranjero, para abrirle un proceso a alguien solo basta con formular una ocasión, un motivo, un interés y proceder a explotar una cantera inmensa de datos que constele lo público y lo privado del procesado en un universo humano de información culposa. Todo se cifra en el arte de narrar, solo hay que saber unir los puntos, y son tantos que solo alguien con acceso a la herramienta informática tendría el poder de hilar y deshilar. Y acaso ni alguien así lo lograría.