El miércoles en la mañana “La Hora de la Verdad” dio a conocer el contenido de la providencia de la Fiscalía General de la Nación del pasado 11 de noviembre, donde la Fiscal de Cartagena, Myriam Martínez, deja al descubierto evidencias según las cuales el sonado caso del desplazamiento forzado de la comunidad campesina de Las Pavas, es otro escándalo de corrupción; falsas víctimas y ONGs de acuerdo para defraudar al Estado y los particulares. En este proceso han participado muchas ONG de renombre e incluso profesores de la Universidad Javeriana, sobre quienes la Fiscal ordena investigaciones.

Según lo que se conocía Asocab era una asociación de campesinos que habían sido desplazados forzosamente por paramilitares de su tierra con el fin de usurpársela; se trataba de una hacienda denominada Las Pavas. El caso ha sido bandera del proceso de restitución de tierras; el Ministro de Agricultura apoyó en repetidas ocasiones los reclamos de la comunidad; la Corte Constitucional falló una tutela en la que ordenó la restitución del predio a las familias y su inclusión en el registro de desplazados. Sin embargo, la historia que nos cuenta la Fiscal Martínez es otra, bien distinta.

Ella inicia su investigación con ocasión de la denuncia interpuesta por ONGs internacionales contra el Inspector de Policía que procedió a desalojar en el 2009 a las familias que supuestamente habían retornado a la tierra de la que habían sido desplazadas. La providencia -muy juiciosa- archiva la investigación y para hacerlo analiza la historia del predio, la asociación y da conclusiones contundente que ponen en tela de juicio todas las decisiones e historias que se han tejido en torno a Las Pavas. Me permito resumir el contenido de esa providencia.

Lo primero es que las ONGs han dicho que las familias integrantes de la asociación de campesinos Asocab fueron desplazadas desde el 2003. De la lectura de la providencia salta a la vista que tal desplazamiento nunca ocurrió. Los asociados de Asocab eran personas que jamás vivieron en la finca Las Pavas, no tenían casa ni nada parecido dentro del terreno; al contrario todos vivían en el corregimiento cercano de Buenos Aires, municipio El Peñón, y eran propietarios de casas; ahí vivían, trabajaban y nunca fueron desplazados. Los líderes de la organización tampoco eran campesinos; eran un albañil, un exConsejal y un antiguo Inspector de Policía, más aún, muchos de los supuestos desplazados fueron trabajadores de la finca, con contratos y salarios.

Los vínculos de Asocab con Las Pavas aparecieron cuando la asociación hizo trámites frente al Incoder solicitando que se les adjudicara la tierra, alegando que su propietario la tenía abandonada. Asocab ofreció pagar el 40% del precio y solicitaron que el Incoder pague el 60% restante. En las declaraciones de los funcionarios del Incoder que visitaron la finca en aquel entonces, se hace evidente que Asocab reconocía la existencia de un legitimo propietario, no hablaban de desplazamiento forzado, ni de violencia.

Hay además en el 2006 denuncias de los administradores de la hacienda que señalan los atropellos que esa asociación pretendía contra la propiedad y las amenazas que sus dirigentes hacían a los trabajadores y administradores para obligarlos a dejar el predio.

En el 2009 se hace la primera denuncia de desplazamiento, formulada por Pedro Moreno en representación de las 131 familias. Lo más sorprendente es que el 15 de junio de este año, este mismo Pedro Moreno se presenta ante la única Notaria del Municipio del Peñón y hace una declaración en la que se retracta de esa denuncia, más aún pide perdón y cuenta el propósito de la misma y los planes que la soportaban. Narra que la comunidad nunca estuvo asentada en la finca Las Pavas. Cuenta como el Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio -cuyo director es el padre Francisco de Roux- les asesoró. De esos consejos apareció la idea de hacerse pasar por desplazados, acusar al propietario de narcotráfico y organizar el falso retorno a la finca que se dio en el 2009, y que fue celebrado por la prensa.

Es interesante también lo que la providencia demuestra sobre el predio. La hacienda fue adquirida legalmente y sin fraudes en 1965 una parte y otra en 1978, por su dueño Jesús Emilio Escobar, un ganadero de larga trayectoria en el negocio, reconocido como criador, y que desde 1983 aparece registrado con un hierro para tal efecto. Se dijo, abusando de la coincidencia de su apellido, que el propietario era pariente de Pablo Escobar; al demostrar que no había parentesco se alegó que era su testaferro, cosa que también pudo probar como falsa, dice la providencia. Como lo dijimos la estrategia apareció el en 2009 cuando, aconsejada por la ONG, Asocab presionó la extinción de dominio por causa de narcotráfico.

Es evidente, en el texto de la Fiscal, que el predio nunca estuvo abandonado. Su dueño no estaba yendo porque había sido amenazado y asediado por la guerrilla, pero siempre tuvo administradores y personal encargado de la explotación de la tierra. Hay evidencia de robos y amenaza de la guerrilla, y pruebas de que los administradores estuvieron ahí, mantenían la finca y cuidaban la ganadería, y como lo dijimos presentaban denuncias ante las invasiones de terreno que pretendía Asocab. Vale resaltar la historia de uno de estos administradores, que es el único desplazado de todo este proceso. Estuvo en la finca durante 19 años y salió de ella en el año 2004 por amenazas presuntamente de un subalterno de Jorge 40. La Fiscal dice que tales denuncias son muy sospechosas, pues se dan en medio de las presiones que hacia Asocab para apoderarse del predio.

Según testimonios de el funcionario de Asoproducacao, Rafael de Jesús Carcamo, el señor Escobar propietario de Las Pavas, estaba dispuesto a aceptar la compra que presionaba Asocab, y la negociación no se hizo porque el Incoder no tenía los recursos para ello. Carcamo también hablo de la presencia de altos intelectuales de izquierda y de hombres armados, con camuflado y botas en las reuniones que se realizaban con la comunidad para discutir sobre el predio.

Sobre la supuesta presencia de los paramilitares en el área de Las Pavas la providencia de la Fiscalía también plantea dudas. No hay pruebas de que los Paras hayan estado en la zona. Los testimonios de los vecinos de la finca, propietarios de las fincas vecinas niegan que alguna vez los Paras hubieran llegado a la zona; además no existen confesiones ni enunciaciones sobre este hecho en todas las declaraciones que han dado los procesados por Justicia y Paz.

Lo que puede ser el peor escenario del proceso de restitución de tierras está dibujado en el caso de la hacienda "Las Pavas"; un atropello a los legítimos propietarios y un engaño al Estado. Esto nos alerta sobre otros fraudes que se están haciendo al Estado orquestados por falsas víctimas y ONG nacionales e internacionales, como sucedió en Mapiripan y en Santo Domingo y como parece estar sucediendo ahora en Las Pavas. Es increíble que en la Fiscalía sea capaz de descubrir estas verdades y que el resto de las entidades estatales entre ellas la Corte Constitucional - que mediante sentencia T-267 de 2011 los consideró como desplazados- y el Ministro de Agricultura -Juan Camilo Restrepo apareció varias veces apoyando a Asocab- desconozcan hechos tan evidentes como las negociaciones con el Incoder donde la misma asociación Asocab pedía ese predio por abandono de su dueño, reconociendo así que existía, que era legitimo y que ellos - los supuestos campesinos- no eran dueños, ni habitaban ahí.