Mundialmente conocido, percibido como una amenaza extraordinariamente grave, generalizada, que se cierne sobre nosotros pudiendo atacarnos en cualquier momento y lugar, todos –políticos, medios de comunicación, ciudadanos, expertos en Derecho– hablan de terrorismo sin que reine acuerdo o exista claridad acerca de lo que cabe englobar en este concepto. Desde que en el siglo XVIII, en el contexto de la Revolución Francesa, el término “terrorista” hiciera su aparición en el discurso político, el mismo se ha venido empleando para denominar muy diferentes fenómenos hasta el punto de que, a finales del siglo XX , ya se contaban más de un centenar de definiciones distintas. En los propios Estados Unidos -país particularmente relevante en este contexto en calidad tanto de emisor, como también de receptor, de actos violentos que reciben la calificación de terroristas- conviven varias de carácter oficial cuyos elementos difieren de unas a otras. El caso colombiano resulta especialmente interesante en este contexto, por tratarse del único país que contempla un tipo penal de terrorismo diferenciado para tiempo de paz y tiempo de guerra -con elementos no siempre coincidentes-, junto con otras particularidades dignas de un análisis en profundidad.