Los pueblos indígenas gozan de los derechos humanos y libertades fundamentales consagrados en la Constitución Política, en el Convenio 169 de 1989 de la OIT (Ley 21 de 1991) Y en otras normas reglamentarias. Sin embargo, el Estado no ha podido asimilar la diversidad cultural existente en nuestro país aunque Colombia tiene varias obligaciones orientadas a proteger los derechos de estos pueblos y a garantizar el respeto de su integridad que se constituye actualmente en un reto para la gobernabilidad, la democracia y la ciudadanía. Es indispensable adelantar una acción coordinada y sistemática con medidas que aseguren que dichos pueblos gocen de los derechos y oportunidades otorgadas al resto de la población y promover la efectividad de los derechos sociales, económicos, ambientales y culturales de los que ellos son titulares. 
La escalada de los conflictos que actualmente se presenta en Colombia exige una respuesta urgente y eficaz, con políticas y controles que se traduzcan en el respeto de los derechos de los pueblos indígenas. Como lo propone la autora, no podemos desconocer que la solución de los problemas y la garantía de los derechos de los pueblos indígenas son un importante factor de la construcción de la paz en Colombia.