El “cordial entendimiento” que a pesar de ocasionales desencuentros caracterizó las relaciones bilaterales entre Colombia y Venezuela desde la cumbre de San Pedro Alejandrino (agosto de 2010) parece haber llegado a su fin. Hace un par de semanas el gobierno venezolano declaró el estado de excepción en varios municipios de la frontera. Así mismo, decretó el cierre permanente e indefinido de la frontera con el fin de controlar el contrabando hacia Colombia, al cual atribuye el desabastecimiento del mercado venezolano. Por otro lado, se intensificó la expulsión/deportación de colombianos (a veces sin consideración del estatus de refugiado que a muchos de ellos se les debe reconocer bajo el derecho internacional). En desarrollo de la llamada Operación Liberación y Protección del Pueblo (OLP) se han adelantado acciones policiales y militares encaminadas, según el propio presidente Maduro, a la “liberación de nuestra Patria de todos los factores criminales y del paramilitarismo que se ha apoderado con sus perversiones traídas desde Colombia”. Todo ello ha tensionado las relaciones bilaterales, exacerbado el nacionalismo y provocado una crítica situación humanitaria, como consecuencia no sólo de las deportaciones sino del desplazamiento de varios miles de colombianos que prefieren retornar al país antes que correr el riesgo de una expulsión abusiva y arbitraria.