El despojo por mecanismos violentos está ligado al interés económico directo o indirecto. Históricamente, la inseguridad jurídica de tenedores o propietarios precarios, se ha conjugado con la influencia política para legalizar el despojo. Durante la administración Uribe (Ley 975 de 2005) se ordenó que los paramilitares deberían restituir los bienes adquiridos por medios violentos o ilegales pero no estableció claros y expeditos mecanismos, por el contrario, la ley 1152 de 2007 les abrió la posibilidad de legalizar el despojo si lograban demostrar posesión pacífica durante cinco años. El conflicto armado ha favorecido la legalización de tierras usurpadas por actores al margen de la ley, nominalmente; grupos paramilitares, partidos y actores para-políticos, altos funcionarios del gobierno y los grupos económicos nacionales e internacionales que ellos representan. Este debate no puede faltar en la reforma que anunció el Presidente Santos durante la instalación del Congreso.