Analizar las prácticas de quienes formulan la política exterior de Estados Unidos demuestra que hacer política pública consiste en producir narrativas
tanto para justificar la acción de la política en el presente, como para unir proyectos burocráticos discrepantes entre sí. Revela, además, cómo las visiones utópicas, vínculos afectivos y percepciones subjetivas de los formuladores de política pública tienen un papel importante en sus esfuerzos para imponer la transformación social en el extranjero. El Plan Colombia fue un programa y un paquete de ayuda al país, aprobado en el año 2000 por el Congreso de Estados Unidos, que iba a resolverlo todo: reducir el narcotráfico; derrotar a las guerrillas de izquierda; apoyar la búsqueda de la paz y construir democracia. Sin embargo, la ayuda militar que superaba el 80% del paquete, llegaba en un momento en que las fuerzas militares colombianas tenían vínculos con fuerzas paramilitares que abusaban de la población civil y traficaban drogas. La mayor parte de esta ayuda –600 millones de dólares– fue destinada para el llamado ‘Empuje al Sur de Colombia’, y se usó para entrenar y equipar batallones élites del ejército colombiano. Aunque los funcionarios estadounidenses etiquetaron el paquete como ayuda antinarcóticos, muchas de las campañas militares llevadas a cabo en el sur de Colombia, bastión del mayor grupo guerrillero de izquierda, no se diferenciaban de las operaciones contrainsurgentes. A lo largo de los siguientes cinco años, se enviaron más de 5 mil millones de dólares al
país bajo el rubro de Plan Colombia. Este libro explora la retórica y la práctica de las políticas públicas adelantadas por el Departamento del Estado, el Pentágono, el Congreso y el Comando Sur de los EEUU, y argumenta que el paradigma de “cero tolerancia” para las drogas ilegales proveía la arquitectura ideológica para la subsiguiente militarización de la política antinarcóticos. Los funcionarios de EEUU hicieron caso omiso de la complicidad del Estado
colombiano con la brutalidad paramilitar, considerando los atropellos de estas fuerzas como evidencia de un Estado ausente y la expresión de una clase media frustrada. Sin embargo, para la población rural, la negación del nexo Estado-paramilitar funcionaba como una forma de terror estatal. Adicionalmente, el análisis examina cómo los activistas opuestos al Plan Colombia y los sujetos blanco de la intervención –civiles y funcionarios locales en el sur del país– promovían políticas públicas alternas, revelando en este proceso cómo las políticas pro derechos humanos operaban en la práctica.