Esta obra presenta los resultados de una investigación cuyo propósito fue hacer una exploración de los conceptos de la responsabilidad patrimonial del Estado a la luz de las propuestas de expertos en desplazamiento forzado (investigadores y organizaciones dedicadas a la investigación social en temas relacionados con el desplazamiento), para evidenciar sus alcances frente a los retos que le plantea esta problemática y, asimismo, establecer si es necesario que el juez de la responsabilidad estatal busque apoyo en aquellos académicos a la hora de definir las pretensiones de reparación de las víctimas de este flagelo, en el marco de acciones que persiguen la declaración de responsabilidad estatal. 

Apoyado en un ejercicio de codificación de categorías, se evidenciaron ajustes en los conceptos y procedimientos que dan lugar a sentencias que contribuyen a transformar la condición de vulnerabilidad de las víctimas y a corregir la actitud negligente de las autoridades responsables: ampliación de los rubros del daño reparable (daño cultural y político); presunción de fallas institucionales, como criterio de imputación, ante la omisión en la atención de las víctimas y en la búsqueda de recursos para financiar la política pública de prevención y atención; nuevos parámetros de reparación para ofrecer remedios transformadores, con ajustes en términos: colectivo, simbólico, diferencial, participativo, regional y temporal. A partir de un ejercicio de medición numérica de los argumentos de cuatro fallos del Consejo de Estado (escala de fuga teórica) y de contrastación con las propuestas académicas (índice de fuga teórica), se logró establecer la necesidad de introducir dichos ajustes en la práctica judicial.