Tanto el Gobierno como la oposición han convertido a la Fuerza Pública en un tema de discusión política. La lealtad  al Presidente o la aparente insatisfacción de miembros de la Reserva Activa, a la que se habrían sumados cuadros del servicio activo, estarían poniendo a las Fuerzas Militares y de Policía en la confrontación y polarización política con respecto a los diálogos que se adelantan en La Habana con las FARC. El desescalamiento del conflicto y la incertidumbre que éste estaría produciendo luego del ataque en Cauca podrían explicar el incremento de recurrir a los asuntos militares con fines políticos por parte de los distintos actores. 

La prolongación de los diálogos para alcanzar un Acuerdo Final en La Habana ha obedecido tanto a un error de cálculo por parte del Gobierno, como a la intención estratégica de las Farc prorrogarlos. No obstante, esta movida que busca obtener beneficios para la guerrilla pone en riesgo al mismo grupo armado.

Por otro lado, el tiempo se ha convertido en un elemento de atención para ambas partes, en tanto que la dilación puede acabar por minar el apoyo social a los diálogos. Además de lo anterior, ¿qué otras consideraciones hay que tener en cuenta sobre el estado del proceso?

La estrategia para fomentar el apoyo al proceso de paz ha consistido en resaltar los eventuales dividendos económicos que traería el posconflicto. No obstante, esta perspectiva parece dejar de lado el hecho de que Colombia ha crecido económicamente a pesar de estar en conflicto. Además, no tiene en cuenta las demandas sociales que seguramente emergerán en dicho contexto, sumado a los costos mismos del posconflicto. Todos estos factores, podrían conducir a la transformación del conflicto armado en uno social.

Finalmente, la percepción de una “paz injusta” que no contemple mínimos de justicia, debido a la reticencia de la guerrilla a asumir responsabilidad alguna por sus actividades delictivas, podría alimentar la conflictividad en la sociedad colombiana del posconflicto.

Dos exigencias del Eln estarían dilatando el inicio de los diálogos con el Gobierno. El reciente incremento de la actividad armada estaría encaminado a presionar para incluir la discusión del modelo económico en la agenda y pactar un cese bilateral del fuego como precondición para negociar. Por otro lado el Comando Central, que no sufrió las mismas consecuencias de la ofensiva militar que el Secretariado de las Farc, pareciera estar dividido en dos visiones de la paz. No obstante, la posibilidad de incluir un nuevo mediador y de que un enviado eleno viaje a La Habana podrían ser elementos que favorezcan la distensión.

El anuncio de la tregua unilateral por parte de las Farc marcaría el inicio del fin de la era militar de esa guerrilla. En La Habana, la subcomisión técnica militar fue acordada por la partes para asistir en la discusión del punto 3 de la agenda: la desmovilización, la dejación de las armas y el cese bilateral de hostilidades. El eventual fin de la negociación concluirá con la congregación de las Farc en Zonas de Desmovilización. Frente a la concentración de fuerzas, hay elementos importantes que cambiarían con respecto a la experiencia previa de la Zona de Distensión en el Caguán.

El Gobierno y las Farc han expresado públicamente iniciativas e intenciones de reformar el modelo de seguridad en el posconflicto, a pesar de que en el acuerdo no está estipulado su discusión. Se han considerado al menos tres reformas: fortalecer el actual modelo de seguridad rural de la Policía Nacional; la creación de Gendarmería Nacional de Colombia y la reorientación del rol de las Fuerzas de Tarea Conjunta.

Un análisis de estos tres elementos de trasformación de la seguridad rural y de la impertinencia de adoptar el modelo salvadoreño.