Se busca consolidar la justicia de paz como una alternativa viable al sistema de justicia tradicional en Colombia, en materia de resolución de conflictos. Como tal, tiene un importante potencial a la hora de facilitar la convivencia y promover la armonia. La justicia de Paz se desataca en un contexto, de más de medio siglo de conflicto armado y cuyos esfuerzos institucionales se han centrado más en el combate, crimen organizado y violencia politica que a las diferencias comunitarias.  
 

El crédito es un factor importante para el crecimiento y prosperidad de las empresas, sin importar su tamaño. En algunos países, y sobre todo aquellos cuyas economías se consideran emergentes, las dificultades en materia de acceso al crédito son incluso consideradas uno de los principales problemas que debe enfrentar el sector empresarial para su desarrollo y sostenibilidad. Como una solución al problema se han implementado sistemas de garantías mobiliarias. En este contexto, el Gobierno colombiano impulsó en el Congreso, una Ley que reformó el sistema de garantías en el país, incluyendo en la reforma un conjunto de bienes, derechos o acciones que por primera vez pueden constituirse como garantía mobiliaria.

¿Cómo debe analizarse la labor legislativa? ¿Es el número de proyectos un buen indicador del trabajo de los congresistas? ¿Cómo ejercen su función de control político? Respuestas que se encuentran en el texto.

En el marco de las actuales negociaciones para la terminación del conflicto, conocidas popularmente como proceso de paz, el Gobierno de Juan Manuel Santos y sus delegados han liderado de manera casi exclusiva el debate sobre el fin del conflicto, con escasa participación de la sociedad civil y las demás ramas del poder público. En este contexto y teniendo en cuenta la importancia de este debate y los escasos espacios existentes para que se pueda abordar de manera independiente y concienzuda, el Instituto de Ciencia Política -Hernán Echavarría Olózaga- y la Fundación Konrad Adenauer organizaron la Mesa de Expertos: Congreso, Sociedad Civil y Paz, llevada a cabo el pasado 20 de noviembre de 2013.

Hasta hace muy poco inició el reconocimiento estatal de ejercicios de construcción de verdad, y todo tipo de procesos de memoria demandados y ejercidos por la sociedad civil en medio de la guerra, en un caso sui generis de construcción del posconflicto. Siguiendo este reconocimiento, y anticipándose a la necesaria validación de cualquier acuerdo de paz por parte de los colombianos, el Gobierno Nacional ha propuesto un ejercicio de refrendación popular de los resultados de La Habana a través de un referendo. Por ello, el entonces ministro del Interior Fernando Carrillo, junto a presidentes y representantes de los partidos políticos de la Unidad Nacional radicaron el  22 de agosto de 2013 ante el Senado un Proyecto de Ley Estatutaria, cuyo objetivo primordial es posibilitar que un referendo que intente validar un acuerdo de paz pueda realizarse de manera simultánea con otros eventos electorales.

A través del presupuesto nacional, el sector público realiza una asignación anticipada de recursos del Estado para garantizar no sólo su funcionamiento básico, sino el cumplimiento de metas relacionadas con la satisfacción de necesidades sociales, aunque sin sustituir el papel central del sector privado como eje del crecimiento económico. En el siguiente Boletín de Seguimiento Legisaltivo encontrará como fue el trámite legislativo del proyecto del presupuesto del año fiscal 2014.

En el Congreso de la República se discuten tres proyectos de ley que pretenden brindar soluciones a algunas de las problemáticas de empleo en el país. Dos de las iniciativas buscan la reintegración de personas mayores al mercado laboral, mientras que la otra busca la prohibición de la tercerización con el fin de mejorar las condiciones de los empleados. Estas iniciativas son estudiadas en este Boletín de Seguimiento Legislativo, al tiempo que se muestra la reacción de diferentes instituciones estatales frente a los proyectos.

El martes 3 de Septiembre de 2013, se llevó a cabo en el Instituto de Ciencia Política (ICP) y en alianza con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) la Mesa de Expertos sobre el Proyecto de ley No 200/12 Cámara “Por medio de la cual se dictan normas para la modernización del Congreso y la modificación del régimen de Comisiones”. El objetivo del evento era propiciar una discusión en torno a las estrategias de modernización del Congreso, en temas de asesoría técnica para la elaboración del presupuesto y asesoría en temas constitucionales para la redacción de iniciativas legislativas. El evento contó con la participación de Marcela Prieto Botero, directora ejecutiva del ICP, John Sudarsky Rosenbaum, Senador de la República, Diego Arisi experto en temas de modernización del Estado del BID, Víctor Adolfo León delegado de la comisión legal de cuentas de la Cámara, Clinton René Sánchez asesor del Senador Jorge Eduardo Londoño, Laura Wills directora de Congreso Visible y Marcela Escandón Directora del Observatorio Legislativo del ICP.

En un Estado Social de Derecho, la impartición de justicia debe ser no sólo efectiva sino humanitaria. En este sentido, se debe buscar que el individuo pague por su infracción, combatir y reducir el delito, resocializar al delincuente y prepararlo para una eventual reincorporación a la sociedad. Teniendo en cuenta esto, el presente Boletín de Segumiento Legislativo del Observatorio Legislativo, se encarga de brindar un panorama sobre la situación de las cárceles y penitenciarías en América Latina, presentar un análisis sobre la crítica situación de Colombia, analizar las modificaciones al Código Penitenciario y Carcelario incluidas en el proyecto de ley 256/13 Cámara y generar recomendaciones que permitan enriquecer este debate.