La estrategia para fomentar el apoyo al proceso de paz ha consistido en resaltar los eventuales dividendos económicos que traería el posconflicto. No obstante, esta perspectiva parece dejar de lado el hecho de que Colombia ha crecido económicamente a pesar de estar en conflicto. Además, no tiene en cuenta las demandas sociales que seguramente emergerán en dicho contexto, sumado a los costos mismos del posconflicto. Todos estos factores, podrían conducir a la transformación del conflicto armado en uno social.

Finalmente, la percepción de una “paz injusta” que no contemple mínimos de justicia, debido a la reticencia de la guerrilla a asumir responsabilidad alguna por sus actividades delictivas, podría alimentar la conflictividad en la sociedad colombiana del posconflicto.

Dos exigencias del Eln estarían dilatando el inicio de los diálogos con el Gobierno. El reciente incremento de la actividad armada estaría encaminado a presionar para incluir la discusión del modelo económico en la agenda y pactar un cese bilateral del fuego como precondición para negociar. Por otro lado el Comando Central, que no sufrió las mismas consecuencias de la ofensiva militar que el Secretariado de las Farc, pareciera estar dividido en dos visiones de la paz. No obstante, la posibilidad de incluir un nuevo mediador y de que un enviado eleno viaje a La Habana podrían ser elementos que favorezcan la distensión.

El anuncio de la tregua unilateral por parte de las Farc marcaría el inicio del fin de la era militar de esa guerrilla. En La Habana, la subcomisión técnica militar fue acordada por la partes para asistir en la discusión del punto 3 de la agenda: la desmovilización, la dejación de las armas y el cese bilateral de hostilidades. El eventual fin de la negociación concluirá con la congregación de las Farc en Zonas de Desmovilización. Frente a la concentración de fuerzas, hay elementos importantes que cambiarían con respecto a la experiencia previa de la Zona de Distensión en el Caguán.

El Gobierno y las Farc han expresado públicamente iniciativas e intenciones de reformar el modelo de seguridad en el posconflicto, a pesar de que en el acuerdo no está estipulado su discusión. Se han considerado al menos tres reformas: fortalecer el actual modelo de seguridad rural de la Policía Nacional; la creación de Gendarmería Nacional de Colombia y la reorientación del rol de las Fuerzas de Tarea Conjunta.

Un análisis de estos tres elementos de trasformación de la seguridad rural y de la impertinencia de adoptar el modelo salvadoreño.
 
 

El 10 de diciembre de 2013, el Observatorio de Política & Estrategia en América Latina OPEAL del Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga y la Fundación Konrad Adenauer, realizaron el foro: "Entre Transición y Restauración: Desafíos para la sociedad colombiana en el posconflicto" en el cual participaron:

Humberto de la Calle Lombana, Clara Rojas, Laura Gil, Alejandro Eder, Iván Orozco, Christian Voelkel, Gloria María Borrero, Salud Hernández, Darío Vargas, entre otros importantes ponentes.

El objetivo de este foro fue abordar cuatro dimensiones del posconflicto en Colombia:

Comisión de la verdad.

Reparación a las víctimas y restauración social.

Garantías de no repetición.

Medios de comunicación y socialización de la justicia transicional.

El municipio de Tumaco, en el extremo más suroccidental de la geografía colombiana, atraviesa por una profunda crisis institucional, económica y social. Este desesperanzador panorama es el resultado de la simbiosis entre tres variables estructurales que terminan por agudizar y perpetuar esta situación, generando un círculo vicioso en el que cada una alimenta a la otra. La primera tiene que ver con el desarrollo y permanencia de un patrón desigual de producción y explotación de la tierra y la forma de tenencia asociada a ella, cuyo régimen organizativo ha mutado en los últimos años. La segunda es la existencia de un oligopolio de violencia en Tumaco y su región aledaña, que cuenta con el narcotráfico como el principal mecanismo para su reproducción y auto-perpetuación. La tercera es la erosión progresiva del capital social existente en la región y la imposibilidad de generar nuevos recursos que logren crearlo. Para sostener este argumento, el documento hace primero una radiografía de la región, enfatizando en su situación socio-económica y en el desarrollo reciente de la crisis. Luego, indaga sobre la naturaleza y el alcance de los tres elementos estructurales mencionados anteriormente dentro de la actual configuración de la región. Finalmente, se ofrecen las conclusiones y recomendaciones al respecto.

En el año 2014, el Instituto de Ciencia Política (ICP) y la Fundación Konrad Adenauer en Colombia (KAS) lideraron una reflexión colectiva sobre el diseño y seguimiento de políticas e iniciativas encaminadas a la construcción de paz en el país. A este diálogo  fueron convocados funcionarios gubernamentales, líderes de opinión, académicos y  expertos de distintas organizaciones de la sociedad civil y representantes de agencias internacionales. El proyecto, denominado “Políticas públicas para el posconflicto”, se desarrolló en dos fases. En primer lugar, se convocaron cuatro mesas de expertos, en las cuales se discutieron algunos aspectos centrales de lo que podría ser la transición hacia una fase de posconflicto en Colombia. Posteriormente se invitó a algunos de los participantes en estas mesas a presentar una contribución más sistematizada, orientada sobre todo a enriquecer el debate público y la toma de decisiones. Estas contribuciones están reunidas en la presente publicación, coordinada por Andrés Molano-R., profesor de la Universidad del Rosario y Director Académico de OPEAL. El ICP y la KAS agradecen a quienes participaron en las distintas etapas de este proyecto y reiteran, mediante este esfuerzo conjunto, su compromiso con la formación de una opinión pública ilustrada y con la deliberación crítica como elementos fundamentales para la construcción de una paz estable y duradera, y para el fortalecimiento institucional que requiere un posconflicto exitoso.

La reforma inmigratoria anunciada por el Gobierno Obama en noviembre de 2014 puede convertirse en una oportunidad para redefinir la concepción de inmigración en Estados Unidos. AL ser una deuda pendiente del Gobierno con millones de inmigrantes que hacen parte de la fuerza laboral de dicho país, el asunto de la redefini-ción del mito migratorio no es sólo una cuestión históri-ca, sino profundamente política. Evaluando el cambio en el régimen de inmigración hacia dicho país, este texto argumenta que la noción de “tierra de inmigración” crea-da hace más de un siglo y dirigida a cooptar inmigrantes europeos, se ha convertido en un incentivo a la inmigra-ción para grupos étnicos de diferente proveniencia. Esto ha coincidido con la apertura del debate entre migración regular e irregular que está en la base de la discusión política que se ha gestado hasta hoy. La sugerencia es evaluar la acción ejecutiva de noviembre como una opor-tunidad para encontrar un equilibrio entre las expectati-vas de los inmigrantes en situación de irregularidad y el mantenimiento del orden institucional en EEUU.

Tras la orden del presidente Santos de empezar a negociar el cese bilateral, el Gobierno ha establecido ciertos lineamientos (no suspensión de bombardeos, rechazo a la paz armada e iniciar el desescalamiento del conflicto). Esta situación pareciera ser estratégica para las Farc de cara a la negociación del fin del conflicto, en el que estarían haciendo tránsito de la presencia militar territorial a mayor presencia política. En 2015 ambas partes buscarán asegurar el apoyo al proceso. 

La reforma política quiere realizar un ajuste institucional integral al Estado Colombiano con el fin de fortalecer la democracia y el sistema político. Se busca eliminar la reelección presidencial y de otros servidores públicos, asegurar la representación de todos los departamentos en el Senado de la República, fortalecer los partidos políticos, mejorar la organización del poder judicial y reformar algunas reglas electorales.  

El 26 de Octubre de 2014 se llevó a cabo en el auditorio del Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga una mesa de expertos sobre este tema. En concreto se cuestionó qué cambiaría con la reforma al equilibrio de poderes en los temas referentes a Partidos y Congreso.